Tal como lo había anunciado ayer, el Gobierno vetó por completo la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La norma fue impulsada por todos los gobernadores, después de su aprobación en el Congreso.
De este modo, el Ejecutivo tensa la relación con los mandatarios provinciales, pese a que en un momento había manifestado su voluntad de tender puentes.
La norma fue sancionada luego de un acuerdo por parte de los 24 distritos, pero el Gobierno de Javier Milei decidió que la medida no se implemente. Los gobernadores nucleados en el bloque “Provincias Unidas” pidieron que no se vetara la ley.
De acuerdo al decreto presidencial la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN, asegurando que no son parte de la “masa coparticipable de distribución automática”, sino un instrumento “extraordinario y de aplicación discrecional” para que el Estado Nacional pueda responder a contingencias críticas e imprevistas.
Como ejemplos, el documento menciona la asistencia a provincias durante la pandemia de COVID-19 y las emergencias hídricas y económicas de 2024 y 2025. El gobierno sostiene que quitarle esta herramienta de acción inmediata al Estado es un “menoscabo concreto” a sus facultades.
Por otra parte, hace hincapié en que la verdadera solución al problema del reparto fiscal está en un consenso amplio y duradero. Por último, establece que el veto es una facultad constitucional del Presidente, la cual es necesaria para evitar que una ley, cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias, entre en vigencia.
