El Gobierno confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares del país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el decreto que pondrá en marcha el proceso se dará a conocer en los próximos días.
Según precisó, se venderá un 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que un 5% se destinará a un programa de propiedad participada, lo que permitirá la incorporación de los trabajadores en el esquema accionario. El 51% restante quedará bajo control del Estado nacional.
Adorni explicó que la medida responde a uno de los objetivos del plan nuclear argentino, a cargo de Demian Reidel, que busca estimular la inversión privada en el sector. Entre las metas del programa mencionó la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida útil de las centrales y el impulso a la minería de uranio.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que en 2023 la empresa recibió transferencias estatales por unos 700 millones de pesos (aproximadamente USD 2 millones a noviembre de ese año), pero que en 2024 no obtuvo ningún aporte, lo que marca un cambio hacia un esquema de financiamiento con mayor participación privada.
El organismo destacó que el nuevo modelo permitirá asegurar fondos para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, prevista para 2027, y el desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II). “La incorporación de capital privado es clave para diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera competitiva”, afirmaron en un comunicado.
En su conferencia de prensa, Adorni insistió en que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, a cargo del ministro de Economía Luis Caputo y del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.
Finalmente, sostuvo que la política de privatizaciones impulsada por el Ejecutivo “representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”.
