Tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto de la ley de emergencia pediátrica, el Gobierno nacional anunció un aumento salarial para los trabajadores del Hospital Garrahan. “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”, afirmó el ministro de Salud, Mario Lugones.
La medida, acordada entre la cartera sanitaria y el Consejo de Administración del hospital pediátrico, implica un incremento de $450.000 para el personal sanitario y $350.000 para el resto del personal. En un comunicado, el Garrahan celebró la decisión y aseguró que el hospital “no está en emergencia”, alineándose con las declaraciones de Lugones al destacar la “gestión transparente” y la “eficiencia administrativa” como pilares de estos logros. El hospital también hizo una velada crítica a “algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses”.
La insistencia de Lugones: “plata mal distribuida”
Desde su cuenta de X, el ministro Lugones no tardó en celebrar la suba, reiterando su postura de que “la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”. Reconoció que los profesionales de la salud han estado “mal remunerados durante décadas” y enfatizó: “Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde”.
Lugones felicitó al Consejo de Administración por su labor en el “ordenamiento de las cuentas” y por destinar los recursos “a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”. Finalmente, reiteró su controvertido mensaje sobre el fin del “despilfarro y los privilegios”, asegurando que “los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”.
El Gobierno bajo fuego por la Emergencia en Discapacidad
Mientras el Senado se prepara para tratar el veto a la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, una nueva controversia sacude al Congreso. La ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada, fue suspendida por el Gobierno nacional a pesar de su promulgación en el Boletín Oficial.
La normativa fue publicada con una salvedad crucial: “Por imperio de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 24.629, se encuentra suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.
Esta decisión ha encendido las alarmas en la oposición, que no tardó en apuntar contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Legisladores opositores han presentado un pedido de interpelación al funcionario, buscando avanzar en una moción de censura que podría derivar en su remoción del cargo. La suspensión de la ley de Emergencia en Discapacidad, sumada a la polémica por la pediátrica, eleva la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en temas sensibles de política social.
