El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en el Poder Judicial, luego de haber afirmado públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de enviar a prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante una entrevista en el canal LN+, el mandatario sostuvo: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a la condena que recayó sobre la exmandataria en el marco de la causa Vialidad.
Milei acaba de admitir que intervino para que Cristina vaya presa. Es muy estúpido para entender la gravedad institucional que significa lo que dijo. Se confirma la maniobra ilegal y la complicidad entre la mafia judicial y la política. Justamente por esto Lula quedó libre. pic.twitter.com/Sd8z5ovihA
— Martín Dandach (@MartinDandach) October 6, 2025
A raíz de esas declaraciones, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal “por derecho propio” y solicitó la indagatoria del presidente por considerar que invadió las competencias de otro poder del Estado. En paralelo, la abogada Valeria Carreras radicó una segunda denuncia con el mismo fundamento. Ambas causas quedaron radicadas en los tribunales de Comodoro Py.
Los denunciantes coincidieron en que las expresiones del jefe de Estado constituyen “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia judicial”. Dalbón, quien representa a Cristina Kirchner en causas civiles, sostuvo que los dichos del Presidente “refuerzan la tesis del lawfare y el cuadro de parcialidad planteado en el caso Vialidad”.
En su presentación, el abogado afirmó que “esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”.
Por su parte, Carreras aseguró que la confesión de Milei “expone de manera explícita la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. “Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso o proscribir, por encima de la división de poderes y las garantías del debido proceso”, agregó.
Las denuncias se basan en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial al funcionario público que “ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen o ejerciere las propias en forma abusiva”.
Las causas judiciales quedarán ahora a la espera de la asignación de un juzgado y fiscalía, para determinar si se abrirá una investigación formal sobre los dichos del Presidente.
