En un contexto de tasas de interés elevadas en Argentina, crece la preocupación entre los usuarios por el peso de las deudas con tarjeta. Dejar de pagar por completo una tarjeta de crédito puede derivar en graves consecuencias financieras y legales, pese a que la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece un marco de protección para los consumidores.
El incumplimiento puede afectar la vida económica de una persona durante años, con sanciones que van desde la inhabilitación crediticia hasta el embargo judicial del salario o de bienes personales.
El principal problema surge al no pagar el total del resumen mensual, lo que activa intereses compensatorios. Si tampoco se abona el pago mínimo, se suman intereses punitorios.
Por ejemplo, el Banco BBVA aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 90,15%, y un Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA) del 109,08%, que incluye impuestos y gastos administrativos.
Además, la misma tasa se aplica a los intereses punitorios. Sin embargo, el artículo 16 de la Ley 25.065 limita que los intereses no superen en más del 25% a los préstamos personales de la misma entidad, y el artículo 18 prohíbe cobrar “intereses sobre intereses” punitorios.
Una vez que el usuario deja de pagar, el banco activa un protocolo que incluye:
- Intimación de pago: llamados y notificaciones del área de cobranzas o de estudios jurídicos tercerizados.
- Inclusión en bases de datos crediticias (Veraz o Nosis): esto impide acceder a préstamos, financiar compras o alquilar propiedades.
- Bloqueo y baja de la tarjeta: el banco puede también intentar debitar la deuda de otras cuentas del mismo titular.
Si la deuda no se regulariza, el banco puede iniciar una acción judicial. La ley, sin embargo, prohíbe el juicio ejecutivo directo (artículo 14, inciso h), lo que significa que el resumen de cuenta no tiene valor de título ejecutable.
El banco puede “preparar la vía ejecutiva” (artículo 39) presentando el contrato y los resúmenes ante un juez. Si el magistrado reconoce la deuda, se inicia el proceso judicial que puede derivar en el embargo del sueldo o bienes del deudor.
El embargo salarial solo se aplica sobre el monto que excede el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque también pueden embargarse cuentas, autos o inmuebles.
Contrario a la creencia popular, las deudas no “desaparecen” automáticamente. Según el artículo 47 de la Ley 25.065, los plazos de prescripción son los siguientes:
- Acción ejecutiva: 1 año.
- Acciones ordinarias: 3 años.
Cualquier pago parcial o comunicación formal del banco reinicia el plazo, por lo que dejar de pagar esperando la prescripción es una estrategia ineficaz y riesgosa.
Dejar de pagar una tarjeta de crédito puede parecer una salida ante las tasas asfixiantes, pero las consecuencias legales y financieras son severas y duraderas. La ley protege ciertos derechos del consumidor, aunque no lo exime de las responsabilidades contractuales.
