Luego de más de diez horas de debate, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia en el país y garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. Con esta decisión, Uruguay se convierte en la primera nación de América Latina en permitir legalmente este procedimiento.
La iniciativa obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores del Frente Amplio y el acompañamiento de algunos representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, tras un extenso proceso de discusión que incluyó audiencias con profesionales de la salud y organizaciones civiles.
Lee también: A 12 años de la Ley de Muerte Digna, el desafío de cuidar hasta el final
La norma establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles en etapa terminal o sufrimientos físicos o psíquicos intolerables. El texto también precisa que el derecho alcanza tanto a ciudadanos uruguayos como a extranjeros con residencia habitual en el país.
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, destacó durante el debate que la ley “fue construida con responsabilidad” y que “establece garantías claras para proteger a los pacientes, depositando confianza en los profesionales médicos y respetando la voluntad individual”. Subrayó además que la norma “no impone conductas, sino que amplía derechos”, al ofrecer una alternativa a quienes enfrentan un sufrimiento irreversible.
En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la sanción de la ley y la calificó como “necesaria, liberal y humanitaria”. “Hay personas que llegan al final de la vida con enfermedades incurables y padecimientos insoportables. Esta norma les permite decidir no prolongar su sufrimiento”, expresó en diálogo con la agencia EFE.
Tras su aprobación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley. Luego, en un período no superior a 90 días, deberá conformarse la Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública. Este organismo se encargará de supervisar los procedimientos realizados en el marco de la nueva legislación y elaborará un informe anual que será remitido al Parlamento.
Con esta decisión, Uruguay se suma a un reducido grupo de países del mundo que reconocen la eutanasia como un derecho dentro de los marcos legales y sanitarios, consolidando un hito en materia de derechos humanos y libertad individual en la región.
