Un fuerte revuelo institucional se desató el sábado luego de que la defensa del empresario denunciara que el detenido desapareció del penal sin notificación ni autorización judicial. Su abogada, Yanina Nicoletti, presentó un escrito ante el juez Néstor Costabel del Tribunal Oral Federal 4, calificando la situación como “extrema gravedad institucional”.
Según el reclamo, Báez habría sido trasladado desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 15 de Río Gallegos sin que sus defensores o su familia fuesen informados. Al acudir al penal, la abogada fue informada por el director que el interno ya no se encontraba ahí, sin que se haya dado a conocer su nuevo destino o el motivo del traslado.
El contexto se suma a un proceso de hábeas corpus en trámite, lo que según la defensa convierte el traslado en un hecho irregular. “Esto no solo vulnera garantías procesales básicas, sino que remite a prácticas de épocas que creíamos superadas”, sostuvo Nicoletti.
Por su parte, fuentes judiciales indicaron que el traslado hacia la Unidad de Ezeiza había sido dictado por el tribunal, aunque aún no se habría concretado formalmente generando la incertidumbre sobre su ubicación real y condición.
La causa ahora se encuentra en un momento crítico, donde se evalúa el grado de transparencia del sistema penitenciario y la integridad de los derechos del detenido.
La defensa reiteró el pedido de intervención urgente y advirtió que el caso pone en riesgo garantías fundamentales como el acceso a la salud, la comunicación con la defensa y la debida notificación de procesos.
