La noticia causó alegría y también dudas: el gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que dispone la restitución a nivel nacional de las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido dadas de baja como consecuencia de un proceso de auditorías dispuesto por el gobierno de Javier Milei. No solo eso, se dispone, por orden judicial de la suspensión de estos procedimientos.
Hay que recordar que la suspensión de las pensiones para personas con discapacidad que no cuentan con otro tipo de ingresos es uno de los reclamos que se viene impulsando, en distintas movilizaciones, junto con la actualización de los valores del nomenclador (lo que cobran los prestadores por atender a estas personas) como así también la implementación de la dos veces aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad.
Se reclamaba que los procesos de auditoría no habían sido transparentes, que se había citado a la mayoría de los beneficiarios con cartas documento que llegaron a otros domicilios y que automáticamente se habían dado de baja esas pensiones. Además, que en otros casos, se habrían aplicado criterios arbitrarios para fundamentar que esa persona no necesitaba ese apoyo económico o que bien podía trabajar formalmente.
El hecho de perder la pensión, significó para miles de personas, no solo no contar con ese ingreso mensual, de unos 300.000 pesos, sino que fundamentalmente los dejó sin la obra social Incluir Salud, que es la que cubría los tratamientos que requerían, quedando sin atención desde entonces.
La resolución que publicó el Boletín Oficial surge del cumplimiento de una medida cautelar colectiva presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Azul, de La Plata, que nuclea a familias de personas con discapacidad.
El fallo que ordenó al gobierno a restituir las pensiones a nivel nacional es consecuencia de un reclamo colectivo que se presentó en la provincia de Catamarca, cuya resolución se publicó ayer en el Boletín Oficial, donde manda a restituir las pensiones de personas afectadas por las auditorías en esa provincia.
Sin embargo, a diferencia de lo que se publicó ayer, la nueva resolución indica que el alcance ahora será nacional, siempre a partir de la orden del Juzgado Federal N°2 de Catamarca. La novedad es que, en la resolución, se le asignó una partida presupuestaria, algo que no ocurrió en otras medidas que el Gobierno se negaba a aceptar. Esta vez se indicó que se utilizarán los fondos asignados para las pensiones en el presupuesto nacional.
