Un joven argentino de 23 años, oriundo de Ushuaia, viajó en febrero de 2025 a Rusia con la intención de estudiar ruso e integrarse a la universidad en Ekaterimburgo.
Sin embargo, su proyecto educativo derivó en un giro inesperado: tras firmar un contrato laboral en agosto con la promesa de un empleo administrativo y ciudadanía rusa, termina enrolado en las filas del ejército ruso en plena guerra con Ucrania.
Según relatan sus familiares, el acuerdo que firmó, redactado en ruso —idioma que domina solo parcialmente—, establecía un compromiso militar por tres años, sin información clara ni plena comprensión.
Tras apenas dos semanas de instrucción cerca de Moscú, fue trasladado al frente de combate en la región de Donetsk, donde se vio expuesto al conflicto activo.
La familia del joven, además de enfrentar la angustia por su paradero y estado, se encuentra en una situación urgente: su padre padece cáncer de hígado y pide ayuda humanitaria para lograr la repatriación del hijo. Las gestiones diplomáticas entre Argentina y Rusia se han activado, aunque aún sin respuesta concreta.
Este caso pone en evidencia los riesgos de ofertas laborales internacionales sin garantías, especialmente en contextos de conflicto armado, y abre interrogantes sobre la responsabilidad de los estados frente a ciudadanos que terminan involucrados en guerras ajenas.
