Pasaron ocho años desde que el submarino argentino, ARA San Juan abandonó el muelle de Ushuaia con rumbo a Mar del Plata. A bordo iban 44 tripulantes dedicados a la defensa de la soberanía nacional sobre los espacios marítimos, entre ellos se encontraba David Melián, el santiagueño oriundo de San Andrés, un paraje cercano a la localidad de El Bobadal, en el departamento Jiménez.
Una semana después de la partida, el 15 de noviembre de 2017 a las 07:29, la Armada tenía el último contacto con el submarino antes de desaparecer en medio de un temporal en el Atlántico Sur. Nadie olvidará esa búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país y que animaba, desesperaba y desanimaba con cada nuevo dato que surgía.
Finalmente, esa búsqueda se extendió durante meses y sumó la colaboración de más de una decena de países. Recién el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, se confirmó el hallazgo del submarino a casi 1000 metros de profundidad, fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Hace unos días trascendió que la Justicia rechazó un pedido para mudar a Mar del Plata el juicio por la tragedia. Pues, La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un planteo de la querella de Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, y ratificó la decisión de llevar adelante el proceso en la provincia de Santa Cruz.
El debate oral comenzará el 3 de marzo de 2026. No obstante, previo al juicio, se realizará una audiencia preliminar el 4 de diciembre del corriente en la sede del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Allí se definirán las pruebas centrales del proceso, según indica el medio Pescare.
Una desesperante búsqueda
Tanto el hundimiento del submarino, como su búsqueda tras la desaparición se vieron afectadas por sospechas, irregularidades, negligencias, informes tardíos o contradictorios, luchas internas, espionaje y conflictos con los familiares de los marinos.
La desaparición del ARA San Juan trascendió a la prensa recién en la noche del 16 de noviembre y fue informada oficialmente dos días después mediante un comunicado oficial de la Armada Argentina. Este explicaba que había iniciado el protocolo SAR, de búsqueda y rescate).
Al tercer día el gobierno de Mauricio Macri comunicó por Twitter que había decidido aceptar la ayuda internacional que incluía el equipo adecuado para la búsqueda del submarino y rescate de la tripulación. La emergencia activó la alerta emitida por la Oficina Internacional para el Rescate y Escape de Submarinos (Ismerlo) que coordinó el envío de naves, aeronaves, equipos y personal especializado de dieciocho países que, sumados a la argentina, totalizaron más de 37 naves y aeronaves, y 4000 personas en las operaciones de búsqueda sobre un área de 482,507 km², una superficie equivalente a todo el territorio de España.
El 23 de noviembre, ocho días después de la desaparición, la Armada informó que registros hidrosónicos de la CTBTO y el SOSUS del miércoles 15 de noviembre a las 10:31, en la zona en la que desapareció el ARA San Juan, permitían suponer que se había producido un “evento anómalo singular corto violento y no nuclear consistente con una explosión”. El submarino podría haberse hundido como consecuencia de la explosión en una amplia zona sobre el talud continental, en la que la profundidad varía de 200 a 3000 metros; y aclaró que estaba descartado que se tratara de un ataque y que el término técnico correcto era que se había producido una “implosión”.
Ni el gobierno ni la Armada se refirieron explícitamente a la suerte corrida por el submarino y su tripulación, pero los familiares de los tripulantes manifestaron su dolor al salir de la reunión informativa, dando por hecho que sus seres queridos habían muerto.
El día 25 de noviembre la diputada nacional, Elisa Carrió, en ese entonces parte del bloque oficialista Cambiemos, afirmó en el programa de Mirtha Legrand: “tengo que decirlo, están muertos”. El 30 de noviembre el Gobierno consideró que no había posibilidades de encontrar vivos a los tripulantes y ordenó dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, pero sin decretar duelo nacional hasta que se tome una fotografía del submarino hundido.
Los familiares de los tripulantes formularon duras críticas al Ejecutivo y la Armada referidas al mal estado de navegabilidad en que se encontraba el submarino, trato inadecuado, ocultamiento de información y abandono de las operaciones de rescate. El 4 de diciembre cuando se consultó si los tripulantes “están todos muertos”, el ministro de Defensa, Óscar Aguad respondió “exactamente”.
Luego de que se detectara la señal anómala, la búsqueda se concentró en un área de 4000 km² según la Armada, frente al golfo San Jorge, con profundidades que van de 200 m a 1500 metros.
El 18 de julio de 2019 la Comisión Bicameral Investigadora de la Desaparición del Submarino ARA San Juan presentó su informe final. El mismo contó con la unanimidad de los doce legisladores de la comisión, excepto el capítulo referido a la responsabilidad, en el que la mayoría opositora (siete legisladores) y la minoría oficialista (cuatro diputados), elaboraron informes diferentes.
El dictamen mayoritario concluyó que “hubo una clara responsabilidad política y administrativa” del gobierno Mauricio Macri, especialmente del ministro de Defensa Oscar Aguad y de sus funcionarios más cercanos, tanto en los aspectos operativos y presupuestarios, como en la ocultación de información y el “desamparo” a los familiares. El dictamen minoritario no encontró fallas en la responsabilidad de los funcionarios políticos.
