El empresario Mariano Páez, detenido días atrás tras ser acusado de agredir a su ex pareja —una abogada de esta ciudad— enfrenta nuevas medidas judiciales mientras se amplía el equipo legal que representa a la víctima.
La querella particular, inicialmente integrada por los Dres. Laura Argañaraz y Leandro Jiménez, sumó ahora al Dr. Sebastián Muratore Vizoso, quien se incorpora al trabajo conjunto en defensa de la damnificada.
Según consta en el legajo fiscal, Páez fue detenido luego de tres días de evasión, pese a la orden de detención vigente. La medida se concretó cuando el imputado ingresó a un sanatorio para recibir atención médica, ocasión en la que fue aprehendido. Tras ser examinado por el Cuerpo Médico Forense, fue trasladado a una dependencia policial de esta Capital, donde permanece alojado.
En cuanto al avance procesal, la Fiscalía a cargo del Dr. Diego Cortés solicitó una pericia psicológica al imputado y un informe socioambiental en su domicilio, con el fin de evaluar su contexto personal, su estado psíquico y los riesgos procesales vigentes.
El Dr. Muratore Vizoso también asumirá la representación del Dr. Leandro Jiménez, quien denunció haber recibido amenazas e intimidaciones atribuidas a Páez durante el período en que éste se encontraba evadido de la justicia, con el presunto objetivo de amedrentar y entorpecer el avance del proceso.
En relación con una denuncia presentada contra la víctima por parte del entorno del imputado, la querella niega absolutamente su contenido. Se aclara que la víctima no mantiene contacto con dicho entorno, y que esta presentación constituye una estrategia defensiva orientada a sacar de foco los hechos de violencia investigados, sumada a las conductas de coacción y hostigamiento que el imputado habría ejercido posteriormente para intentar que la víctima no ratificara sus dichos o los atribuyera falsamente a motivos de “celos”, extremo que no es cierto ni surge de ninguna pieza procesal.
Desde la querella se destacó que todas las actuaciones buscan proteger a la víctima, resguardar la transparencia del proceso y asegurar que la ley se aplique sin privilegios.
