El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordenó este martes ejecutar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 quedara firme en junio de este año. La decisión fue confirmada por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
La medida se aplica sobre 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o activos adquiridos durante el período en que se desarrolló la maniobra, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. El monto del decomiso, inicialmente fijado en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones, en función de pericias contables avaladas por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento del pago por parte de los condenados, el tribunal dispuso avanzar con la realización y venta de los bienes involucrados. Entre ellos figuran propiedades de Lázaro Báez y de empresas de su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, departamentos y terrenos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución también incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otros bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En su fallo, el TOF sostuvo que quedó acreditado un circuito de beneficios económicos obtenidos mediante la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, lo que generó sobreprecios, cartelización y falta de controles, favoreciendo al empresario Báez. Según la Justicia, ese flujo de fondos derivó en un incremento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces descartaron los planteos de las defensas, que señalaban la falta de vínculo directo entre los bienes y los delitos, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y una supuesta afectación de derechos de terceros. El tribunal remarcó que el decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con las ganancias obtenidas ilegítimamente.
También fundamentó la decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconoce la recuperación de activos como principio esencial, y advirtió que una interpretación restrictiva podría favorecer la impunidad económica en casos complejos.
El TOF comunicará el resultado de la tasación de los bienes a la Corte Suprema, que podrá decidir su eventual afectación al servicio de justicia. Además, ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados e instó a que los fondos recuperados contribuyan a reparar el daño causado, especialmente en Santa Cruz, donde numerosas obras viales quedaron inconclusas.
Lo anticipado por el fiscal Diego Luciani
En las últimas semanas, el fiscal Diego Luciani había insistido públicamente en la necesidad de ejecutar el decomiso. En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, recordó que la sentencia estaba firme y que los condenados habían sido intimados a pagar sin resultados.
“Hay que ir por los bienes”, sostuvo, al señalar que la cifra supera los 500 millones de dólares. Junto con el fiscal Sergio Mola, había pedido al TOF 2 avanzar de manera inmediata con la ejecución, tras el vencimiento del plazo legal para el pago solidario de $684.990 millones.
