La Justicia bonaerense emitió un fallo ejemplar en el caso que enfrentó durante meses la familia del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y el Instituto José Manuel Estrada de City Bell, tras la negativa del establecimiento a renovar la matrícula de sus dos hijos para el ciclo lectivo 2025. La resolución representa un avance significativo para el colectivo TEA, que aún hoy enfrenta barreras y discriminación en múltiples instituciones educativas del país.
El conflicto comenzó cuando el colegio rechazó la continuidad escolar de Benicio, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y de su hermana Renata, amparándose en el denominado “derecho de admisión”. La decisión derivó en una denuncia pública por discriminación presentada por el futbolista y su esposa en octubre de 2024, lo que rápidamente llevó el caso a la Justicia.
En una primera instancia, la familia Rey había obtenido una medida cautelar provisoria que obligaba al colegio a garantizar la matrícula de los niños mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, en las últimas horas llegó el fallo de fondo, celebrado por organizaciones y familias vinculadas a la neurodiversidad.
El tribunal determinó que el Instituto Estrada vulneró derechos fundamentales al negar la continuidad educativa y destacó que ninguna institución puede excluir o limitar el acceso de estudiantes con autismo o cualquier otra condición que requiera apoyos específicos. En ese sentido, el fallo remarca la obligación del sistema educativo de brindar acompañamiento profesional, inclusión real y ambientes respetuosos de la diversidad.
La sentencia llega en un contexto complejo para las familias con hijos dentro del espectro autista, que en distintas provincias denuncian falta de acompañamiento, escasos recursos y prácticas discriminatorias en establecimientos educativos públicos y privados.
Con esta resolución, Benicio y Renata podrán continuar sus trayectorias escolares en su entorno habitual durante 2025, garantizando estabilidad emocional y continuidad pedagógica. Para la familia Rey, y para muchas otras que enfrentan situaciones similares, el fallo representa mucho más que una victoria individual: marca un precedente hacia una educación verdaderamente inclusiva en Argentina.
