La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, reiteró este viernes su pedido de aprobar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad a menores de 14 años.
La titular de Seguridad aseguró en sus redes sociales que la iniciativa está “lista para ser tratada” y consideró que estos meses “pusieron en agenda otras ‘prioridades’ antes que la seguridad de los argentinos”.
“Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar”, sentenció Bullrich, quien aportó contexto a su nuevo impulso a la medida con el caso de tres menores de José C. Paz y San Miguel que, entre todos, suman “27 delitos en 2025”.
“No son imputables, por lo que la Justicia los libera y siguen cometiendo delitos. El kirchnerismo, como siempre, los defiende”, cuestionó la flamante legisladora por la Ciudad.
La medida que promueve Bullrich busca endurecer el tratamiento que se le da a los menores que cometen delitos con penas y sanciones escalonadas, y la creación de “establecimientos especiales” para jóvenes, entre otros puntos.

Qué propone la Ley Penal Juvenil impulsada por Bullrich
El proyecto que promueve la ministra, una iniciativa que ya había intentado impulsar durante el gobierno de Mauricio Macri, contempla:
- Bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
- Establecer penas y sanciones escalonadas según la gravedad del delito y la edad del menor.
- Crear “establecimientos especiales” para jóvenes en conflicto con la ley penal.
- Implementar un procedimiento penal juvenil independiente del de adultos.
Bullrich sostiene que la medida busca impedir que los adolescentes reincidan al quedar fuera del alcance penal.
Críticas y rechazo desde organismos de derechos humanos
Diversas organizaciones especializadas han manifestado su rechazo a la baja de edad de imputabilidad. Argumentan que:
- Un niño de 14 años no posee el mismo nivel de desarrollo psicológico y cognitivo que un adulto.
- El encarcelamiento de adolescentes no reduce el delito juvenil.
- La delincuencia juvenil suele estar vinculada a entornos de vulnerabilidad y precariedad, por lo que requiere políticas sociales y de protección integral.
