Las políticas de transferencia de ingresos dirigidas a la niñez y adolescencia volvieron a mostrar su impacto como muro de contención frente a la pobreza extrema. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que, sin los principales programas de asistencia, 2,6 millones de personas más serían indigentes y la tasa general sería 82% más elevada.
El análisis, basado en la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y el Plan 1.000 Días, concluye que este paquete funciona como un piso mínimo de ingresos para los hogares más vulnerables, evitando un deterioro social aún mayor.
El informe marca diferencias claras en el desempeño de cada programa frente al avance de los precios:
- AUH: Logró recuperar su poder adquisitivo tras un aumento del 100% a fines de 2023 y desde ese momento se mantuvo estable gracias a su actualización automática mensual por el Índice de Precios al Consumidor.
- Prestación Alimentar: Fue la más afectada. Al depender de aumentos discrecionales y no de una fórmula de movilidad, sus incrementos quedaron por debajo de la inflación.
- Plan 1.000 Días: Luego de una suba nominal del 500% en 2024, logró sostener su valor real durante 2025.
El andamiaje social argentino se expandió en los últimos 15 años: pasó de 4,7 millones de beneficios en 2009 a más de 7,4 millones en 2025, con una inversión equivalente al 1% del PBI.
Sin embargo, el informe advierte que esta mayor cobertura no implica un sistema universal consolidado, sino una respuesta a la creciente cantidad de hogares que dependen de la asistencia para no caer en la indigencia.
La OPC señala que el verdadero impacto estructural dependerá de la capacidad de generar crecimiento económico sostenido, que reduzca la necesidad de recurrir a políticas de emergencia como las actuales.
