Propietarios de una estación de servicio denunciaron a un grupo de empleados por un millonario fraude. La maniobra consistía en utilizar el sistema de premios de clientes para quedarse con el dinero o los premios que ofrecía la petrolera por la carga de combustible en ese establecimiento. Estiman un perjuicio de más de 24 millones de pesos.
Según el escrito que presentó el abogado Amancio Petray, representante de la firma damnificada, desde 2019, la empresa ubicada en Famaillá (Tucumán) instituyó una tarjeta para promocionar sus combustibles. El cliente, con la carga que efectuaba, obtenía un reintegro equivalente al 10% del valor de la misma.
Maniobra
Se aplicaba a los combustibles premium y a los restantes productos que comercializaba. El costo financiero de la tarjeta encuentro es soportado por la petrolera (66,6%) y el resto (33,4%), por la estación de servicio. “Hay mucha gente que se adhirió a este beneficio porque era muy beneficioso y sencillo de tramitar”, explicó el profesional en una entrevista con LA GACETA.
El sistema funcionaba así. El playero, en este caso del establecimiento que está ubicado en la rotonda de Famaillá, era el responsable de informar cuál era la carga o la compra que realizaba el cliente que se había adherido.
Esa información queda registrada en una base de datos y el usuario podía retirar el efectivo del beneficio en cualquier estación de servicio de la firma. Por ejemplo, si una persona a lo largo de unos meses cargaba $100.000 de nafta y adquiría otros productos por otros $10.000, podía exigir el reintegro de $20.000.
Auditoría
En febrero de 2025, a través de un informe enviado por mail, el gerente de la playa recibió una nota de la petrolera en la que se le informaba que los volúmenes de compra de combustible difieren respecto a los puntos por las ventas concretadas en su establecimiento.
“Esa notificación los puso en alerta y los obligó a realizar una investigación interna para determinar qué estaba ocurriendo”, explicó el profesional.
Los responsables hicieron una auditoría. Con ese trabajo, establecieron que entre el 1 de enero de 2024 se generaron cargas a clientes inexistentes o de dudosa legitimidad de identidad por la suma de más de $24 millones y se retiraron más de $19 millones.
Petray aseguró en la denuncia que en las planillas de ventas mensuales surgen la desproporcionalidad de las operaciones realizadas y los montos retirados por los usuarios. “Se venía cometiendo un ilícito que consistía en que los playeros registraban cargas de ventas inexistentes a tarjetas fraguadas y después retiraban el dinero generado por el sistema de beneficio”, explicó.
Los auditores descubrieron que los empleados infieles habían generado cuatro grupos para realizar la maniobra. Estaban integrados por personas desconocidas, familiares de los empleados y hasta había uno integrado por tres mujeres que tenían el mismo apellido. En todos los casos había denominadores comunes.
Uno de ellos era que los supuestos clientes realizaban la carga de combustible en la madrugada y con muy poca diferencia de tiempo. Otro dato de importancia es que la compra de combustibles jamás superaba los $40.000.
Los demandantes, además de presentar una serie de evidencias para respaldar sus dichos, pidieron que fueran investigados unos 10 empleados que habrían generado un perjuicio económico de entre $700.000 a $2,4 millones. El expediente será analizado por la fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros.
