En el seno del Gobierno nacional persiste el malestar por el congelamiento salarial que afecta a ministros, secretarios y subsecretarios desde comienzos de 2024. La inquietud se profundizó en las últimas semanas, en medio de la inflación acumulada y de las dificultades para incorporar personal capacitado al Ejecutivo.
Fuentes oficiales señalaron que la decisión final sobre una eventual recomposición depende estrictamente del presidente Javier Milei. “No sería un aumento, sería recomponer lo que no se nos dio por dos años”, expresó una persona al tanto de la situación, al justificar el reclamo de los funcionarios.
Según explicaron en Casa Rosada, cualquier actualización salarial debe surgir de la Jefatura de Gabinete, con el aval del Presidente y de su hermana y secretaria general, Karina Milei. Mientras tanto, los salarios continúan estáticos, lo que —según voces del oficialismo— deja los ingresos “bajísimos” frente al contexto económico.
El impacto del congelamiento también se refleja en la dificultad para incorporar personal al Gobierno. “Nadie quiere poner el gancho, la firma”, admitió una fuente, al destacar la responsabilidad que implica asumir cargos con retribuciones que consideran insuficientes. “Tienen muchas responsabilidades y cobran muy poco”, agregó otro funcionario libertario.
Desde el inicio del mandato de Milei, La Libertad Avanza defendió la decisión de no otorgar aumentos en el Ejecutivo, bajo el argumento de que la dirigencia debía acompañar el esfuerzo que realizaba la ciudadanía. Sin embargo, el clima comenzó a tensarse a medida que los funcionarios manifestaron con mayor frecuencia su malestar.
Actualmente, un ministro percibe alrededor de $3.584.006, mientras que el Presidente cobra unos $4.066.018 brutos. Los secretarios reciben aproximadamente $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.513. En contraste, un senador nacional percibe una dieta cercana a los $9.500.000.
En el Gobierno reconocen que una recomposición podría generar críticas, especialmente en un contexto donde el oficialismo proyecta para 2026 una reducción del 10% de la planta estatal y una nueva simplificación de organismos. No obstante, admiten que una actualización salarial podría evitar que continúe achicándose la estructura del Ejecutivo, ante el incremento de funcionarios que dejan el sector público para pasar al privado.
