La investigación judicial sobre los crímenes cometidos en el ex centro clandestino de detención La Perla dio un paso trascendente tras los nuevos hallazgos informados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según publicó Página/12, los especialistas confirmaron avances importantes en la campaña de búsqueda 2025, desarrollada en la zona de Loma del Torito —hoy parte de la Reserva Natural Militar La Calera—, señalada históricamente por los sobrevivientes como un sitio de enterramientos clandestinos.
De acuerdo con el informe del EAAF, durante los trabajos “se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas”, un dato que coincide con múltiples testimonios que ubicaban en ese sector a numerosas víctimas del terrorismo de Estado. El operativo se focalizó en un área delimitada tras el análisis de registros fotográficos aéreos de 1979 realizado por Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que permitió detectar alteraciones en el terreno compatibles con remociones de tierra.

A mediados de septiembre, apenas iniciada la campaña, los equipos confirmaron el hallazgo de restos humanos a pocos metros de donde había concluido la búsqueda previa. En total se excavaron cuatro hectáreas, con unas 470 trincheras que sumaron 10.000 metros lineales. Los materiales encontrados serán sometidos a un extenso proceso de clasificación e identificación genética, que incluirá su cotejo con muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos y del propio EAAF.
Los avances se enmarcan en la causa “Enterramientos clandestinos”, seguida por familiares y organismos de derechos humanos, quienes difundieron un comunicado en el que calificaron el hallazgo como profundamente conmovedor. “Ahí han hallado huesos: lo que queda de nuestros padres, hermanos, hijos, esposos. No solo los escondieron: los cuerpos no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados”, expresaron. También señalaron que, a 49 años de los hechos, el terreno vuelve a revelar certezas largamente buscadas: “Estas lomas nos revelan certezas. Que nuestros familiares están allí, cerca de La Perla de dónde los sacaron para matarlos”.

Las excavaciones coincidieron con testimonios clave, entre ellos el del baqueano José Julián Solanille, quien declaró haber visto fusilamientos con una fosa común abierta, y el del ex teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, que reconoció que en 1979 los cuerpos fueron removidos antes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos datos guiaron el análisis fotográfico que permitió acotar la zona de trabajo.
El martes, familiares, organismos, autoridades judiciales y provinciales, investigadores universitarios y representantes del Ejército recorrieron el terreno y luego participaron de la presentación formal del informe. El titular del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, destacó el valor de los hallazgos: “No son huesos completos, pero esto nos será suficiente para identificar personas y ayudar a que las familias puedan finalmente cerrar su duelo”, señaló, citando la experiencia previa en los hornos de La Ochoa, donde se identificaron restos de cuatro estudiantes de medicina y militantes de la JUP.

Durante las excavaciones también se detectaron materiales potencialmente peligrosos que la Brigada de Explosivos de la Policía provincial debió detonar, aunque por el momento no se pudo determinar su origen, según fuentes consultadas por Página/12.
Las querellas insistieron en la necesidad de establecer políticas permanentes de búsqueda y cuestionaron el silencio militar y la falta de continuidad en los trabajos durante décadas. Con el cierre de la campaña por la temporada de lluvias, reclamaron recursos estables y anunciaron que impulsarán una ley que defina como política de Estado la búsqueda, recuperación e identificación de todas las personas secuestradas-desaparecidas.
