La legislatura de Mendoza aprobó por amplia mayoría el regreso de la minería metalífera. Pese a las manifestaciones de descontento social, el proyecto del oficialismo encontró amparo y da luz verde al extractivismo.
Este miércoles, una marcha recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital mendocina y culminó en el Senado provincial con la firme intención de frenar el proyecto de promoción de la minería metalífera impulsado por el gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei.
A pesar de la fuerte movilización, que incluyó columnas provenientes del Valle de Uco, San Rafael y Lavalle, el descontento social no logró frenar la sanción de la norma, algo que se había conseguido hace 14 años.
Daniel Funes, referente en la defensa del agua, expresó su desilusión: “Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”. La ministra de Energía, Jimena Latorre, contrarrestó esta preocupación, asegurando que lo aprobado “no representa un cheque en blanco” para Minera San Jorge, que prevé la explotación de cobre con un altísimo consumo de agua.
El Senado aprobó la reactivación de la minería con 29 votos a favor, una abstención y solo seis en contra, dejando en evidencia la falta de representación de las inquietudes ciudadanas. Funes criticó el papel de los legisladores, quienes deberían defender los intereses del pueblo, pero optaron por alinearse con el Ejecutivo provincial.
A pesar de la represión sufrida por manifestantes en protestas anteriores, la última movilización ha generado un sentimiento de esperanza entre los ciudadanos. “El agua suprime esta polarización terrible que nos está surcando en Argentina”, afirmó Funes, resaltando que la defensa de este recurso vital ha logrado unir a la comunidad.
La aprobación se sustentó en un estudio de Impacto Ambiental calificado como deficiente por diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, que advirtieron sobre el uso de productos tóxicos en el proceso minero. Funes puso énfasis en la fuga de información respecto a los puestos de trabajo prometidos por la empresa, enfatizando que se espera un impacto negativo en la salud pública y el medio ambiente en una provincia que ya ha sufrido graves consecuencias por proyectos mineros anteriores.
