Los allanamientos realizados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en al menos 17 clubes desnudaron una fuerte interna entre jueces federales, en un escenario atravesado por disputas de competencia, sospechas de maniobras procesales y un trasfondo político que escala hasta la Casa Rosada.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, en el marco de un expediente vinculado a un préstamo de dos millones de euros que habría recibido el Club Atlético Banfield a través del denominado Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. El dinero habría sido otorgado por la empresa española Auriga League, en una operatoria que hoy es investigada por presunta irregularidad, posible vaciamiento patrimonial y eventuales maniobras de lavado de activos.
Sin embargo, ni la AFA ni los clubes allanados figuran como imputados en esa causa. La investigación apunta a exdirectivos de Banfield y a una compleja trama societaria que derivó en la cesión de derechos económicos del futbolista Agustín Urzi, en una operación cuya legitimidad es cuestionada.
En paralelo, el juez federal Federico Villena instruye otra causa de alto impacto, originada a partir de una denuncia de ARCA contra la financiera Sur Finanzas, por movimientos que alcanzarían los 800.000 millones de pesos y que involucrarían a personas sin capacidad económica comprobable. Si bien esa causa tampoco involucra directamente a la AFA, algunos clubes mantienen contratos de sponsoreo con la financiera, lo que generó interés en los acuerdos firmados.
La tensión se profundizó cuando Villena denunció que la fiscal Incardona habría incurrido en forum shopping, es decir, la elección deliberada de un juez considerado más favorable, al ampliar el alcance del expediente de Banfield para justificar allanamientos masivos. Según esa postura, la documentación secuestrada debería formar parte de la causa que él conduce y no de la tramitada por Armella.
El conflicto de competencia quedó ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata. La definición recaerá en el camarista Jorge Di Lorenzo, quien ya solicitó dictamen al fiscal ante la Cámara, Diego Iglesias, antes de resolver.
Mientras tanto, los allanamientos —que se extendieron por más de siete horas— concluyeron con el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y abundante documentación, en un clima de creciente confrontación judicial y política.
En un frente paralelo, el juez federal Daniel Rafecas avanza en otra investigación vinculada a una denuncia de la Coalición Cívica por una propiedad de alto valor en Pilar presuntamente relacionada con dirigentes del fútbol. Por ahora, la causa no registra vínculos directos con la AFA, aunque se dispusieron inhibiciones y restricciones migratorias para los titulares de la sociedad investigada.
