Este martes, el oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron la mayoría necesaria para emitir un dictamen favorable al controvertido proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que propone ingresar al sistema los bienes no declarados en la economía formal, fue respaldada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, y será tratada este miércoles junto al Proyecto de Presupuesto y otros compromisos fiscales y monetarios.
Según fuentes legislativas, el despacho de mayoría contó con 44 firmas: 28 de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y 16 de la Comisión de Legislación Penal. Entre los firmantes se encuentran los representantes de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, MID, Innovación Federal y Elijo Catamarca. En contraste, Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría, mientras que Provincias Unidas aún no impulsó ningún dictamen.
El proyecto introduce un Régimen Simplificado de Ganancias que, según el Gobierno, blindará a los contribuyentes que adhieran, eximiéndolos de informar sobre variaciones patrimoniales y control sobre sus consumos. Aquellos que se sumen al régimen no tendrán que declarar los cambios en su patrimonio y no se verificará el origen de los fondos utilizados para los consumos personales. Este esquema está destinado a aquellos con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos.
Además, el proyecto establece un sistema de “efecto liberatorio” para quienes acepten la declaración jurada presentada por ARCA y paguen en tiempo y forma, excepto en casos de omisión de ingresos. En cuanto a la evasión fiscal, el umbral para que una persona sea acusada de evasión simple sube de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y para evasión agravada, el monto mínimo pasa de 15 millones a 1.000 millones de pesos. También se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
El proyecto permite que ARCA no inicie acciones penales si el contribuyente cancela las deudas y sus intereses, aunque este beneficio solo será aplicable una vez por persona. En caso de que no haya denuncia pendiente, las obligaciones quedarán extinguidas si se paga un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
A pesar de que la propuesta apunta a reducir los controles fiscales, también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término. La aprobación del proyecto generará, sin duda, un debate intenso sobre la eficiencia y transparencia del sistema fiscal.
