El oficialismo obtuvo este martes dictamen de mayoría para el Proyecto de Presupuesto 2026 y buscará aprobarlo este miércoles en la Cámara de Diputados, en una sesión convocada para las 14 horas. El respaldo se consiguió con el acompañamiento de aliados en disidencia, en un escenario de negociaciones contrarreloj y fuertes tensiones por artículos sensibles del texto.
En paralelo, el Gobierno también logró luz verde para los proyectos de Compromiso Fiscal e Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales de la agenda económica libertaria, que serán tratadas en la misma sesión.
El dictamen del Presupuesto reunió 28 firmas, correspondientes a La Libertad Avanza —que aportó 20 votos propios— y a legisladores alineados con los gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y San Juan (Marcelo Orrego). En el caso tucumano, el respaldo se dio luego de la transferencia de $20 mil millones en ATN, mientras que San Juan obtuvo como contrapartida el envío del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, clave para habilitar inversiones mineras en la provincia.
También acompañaron el dictamen, aunque en disidencia, el PRO, el MID, la UCR y legisladores que responden a los gobernadores de Misiones (Hugo Passalacqua) y Catamarca (Raúl Jalil).
Dentro del PRO, la disidencia responde a la decisión del Ejecutivo de no incorporar la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, reclamo sostenido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La bancada amarilla, conducida por Cristian Ritondo, anticipó que insistirá con ese punto hasta el momento de la votación en el recinto.
Uno de los focos de mayor conflicto es el artículo 75 del Presupuesto, que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad (27.793) y de Financiamiento Universitario (27.795), ambas aprobadas por el Congreso y ratificadas con dos tercios tras los vetos presidenciales.
Desde el bloque Innovación Federal, que nuclea diputados de Misiones y Salta, expresaron su rechazo a ese punto: “Compartimos el objetivo general del dictamen, pero entendemos que derogar estas leyes es un error. Asegurar derechos como salud, educación, protección social y trabajo para personas con discapacidad es nuestro norte”, señalaron en un comunicado.
Ante las críticas, el oficialismo incorporó una cláusula que establece que los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad se actualizarán de forma trimestral, por acuerdo entre las partes o, como mínimo, por IPC. Además, en la previa a la sesión comenzó a circular una resolución del Ministerio de Capital Humano que asignaría $22 mil millones a las universidades para cubrir paritarias y aguinaldos, aunque fuentes legislativas advirtieron que “no es una solución estructural y ni siquiera está confirmada”.
Pese a las tensiones, desde el Gobierno confían en aprobar el Presupuesto en general, aunque reconocen que algunos artículos podrían quedar en riesgo durante la votación en particular.
El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, celebró el dictamen: “Nos pone contentos que el presidente Milei haya enviado un Presupuesto con equilibrio fiscal. No vamos a gastar lo que no ingresó, algo inédito en la historia argentina”.
En la vereda opuesta, Unión por la Patria y el Interbloque Unidos presentaron dictámenes propios. El titular del bloque peronista, Germán Martínez, cuestionó la derogación de leyes vigentes y rechazó el artículo 30, que elimina el compromiso de destinar el 6% del PBI a educación.
Desde Unidos, Nicolás Massot sumó críticas por el incumplimiento de las obligaciones con las cajas previsionales provinciales y lanzó: “Hay plata para eximir impuestos a la compraventa de inmuebles, pero no para la discapacidad”.
Qué prevé el Presupuesto 2026
El proyecto enviado en septiembre contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para fines de 2026. Proyecta un aumento del 5% en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación, aunque mantiene sin resolver los reclamos provinciales por cajas previsionales.
El proyecto de Compromiso Fiscal obtuvo dictamen con 28 firmas, cuatro en disidencia. Busca prohibir el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, estableciendo sanciones penales para funcionarios que incumplan, incluida la inhabilitación y penas de prisión de hasta 10 años para autoridades del Banco Central.
Desde UP, Agustín Rossi cuestionó la iniciativa por “falta de proporcionalidad”.
Por último, el proyecto de Inocencia Fiscal fue dictaminado en un plenario de Presupuesto y Legislación Penal con 44 firmas. La iniciativa apunta a incentivar el blanqueo de ahorros no declarados, elevando los montos para delitos tributarios, reduciendo plazos de prescripción y creando un régimen simplificado de Ganancias que, según el Gobierno, “blinda” a los contribuyentes.
Uno de los puntos que mayor alarma generó entre la oposición y los aliados del oficialismo es el impacto directo del Presupuesto 2026 sobre el Hospital Garrahan y el sistema de atención a personas con discapacidad. La derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, incluida en el artículo 75, deja sin respaldo legal partidas claves que sostienen prestaciones, tratamientos y salarios de profesionales.
En el caso del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, legisladores advirtieron que la falta de financiamiento específico pone en riesgo programas críticos, guardias especializadas y la atención de niños con enfermedades complejas provenientes de todo el país. La preocupación se extiende también a los prestadores de discapacidad, que vienen denunciando atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y riesgo de cierre de servicios.
Desde distintos bloques señalaron que, mientras el Gobierno sostiene el discurso del equilibrio fiscal, se desfinancian áreas sensibles como salud infantil y discapacidad, lo que ya provocó movilizaciones, reclamos de trabajadores y advertencias de organizaciones del sector. “No es un ajuste abstracto: tiene consecuencias concretas sobre chicos, familias y personas con discapacidad”, resumió un diputado durante el debate en comisión.
Con este escenario, el oficialismo se encamina a una sesión decisiva, donde el equilibrio fiscal choca de frente con reclamos sociales, educativos y provinciales que prometen un debate de alta tensión.
