El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable este jueves, tras ser analizado en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Al igual que otras iniciativas impulsadas por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias, el texto será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero.
La iniciativa fue incorporada al temario luego de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo y avanzó con rapidez tras haber sido enviada al Congreso el lunes 15 de diciembre. Desde el Gobierno nacional se remarcó la necesidad de modificar la legislación vigente para evitar lo que consideran una “paralización del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Qué implica la reforma
En ese sentido, el proyecto propone otorgar a las provincias la facultad de decidir sobre el grado de protección de los glaciares ubicados en sus territorios, permitiendo priorizar algunos por sobre otros y habilitar la explotación económica en determinadas zonas periglaciales. Actualmente, la ley vigente establece la protección integral de todos los glaciares y ambientes periglaciales, tanto por parte del Estado nacional como de las provincias.
La reforma plantea que podrían autorizarse actividades en estas áreas siempre que no se ponga en riesgo una reserva estratégica de agua, un punto que genera fuertes cuestionamientos. Entre los principales aspectos negativos señalados por especialistas y organizaciones ambientales, se advierte que la modificación podría debilitar la protección ambiental, abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las provincias y poner en riesgo ecosistemas clave en un contexto de agravamiento del cambio climático.
Durante el plenario de comisiones participaron los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, dos provincias con presencia de glaciares y fuerte actividad minera. Orrego manifestó la voluntad de proteger el ambiente periglacial cuando represente una reserva de agua relevante, aunque sostuvo la necesidad de una ley de presupuestos mínimos. Jalil, en tanto, planteó que deberán evaluarse los impactos sociales, ambientales y económicos de la reforma, al tiempo que destacó el rol de la minería como generadora de empleo formal.
El debate
El debate incluyó también la exposición de representantes del sector empresario, científico y de organizaciones ambientales. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alfredo Vitaller expresó el acompañamiento a la protección de los glaciares cuando cumplen funciones hídricas estratégicas, aunque consideró que la ley vigente presenta “imperfecciones” que generan incertidumbre normativa. En la misma línea, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), sostuvo que el desarrollo del país y la transición energética requieren una minería responsable.
Sin embargo, las críticas más duras provinieron del ámbito ambiental y científico. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que alteran el espíritu original de la norma y el esquema constitucional. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el tratamiento legislativo como “exprés” y sostuvo que la reforma generaría mayor inseguridad jurídica, además de ser inconstitucional y poner en peligro a todos los glaciares.
Desde el sector científico, Pablo Villagra, del IANIGLA, defendió el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado en 2018 y reconocido internacionalmente, y aclaró que actualmente se encuentra en proceso de actualización. A su vez, Agostina Rossi, de Greenpeace, remarcó que los glaciares son aliados clave frente a la crisis climática y cuestionó la falta de instancias de participación ciudadana similares a las que tuvo la ley original. Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, también cuestionó la celeridad del tratamiento y denunció que la iniciativa responde principalmente a los intereses del sector minero.
Con dictamen favorable, el proyecto avanza ahora hacia el recinto del Senado, en medio de un fuerte debate político, ambiental y social sobre el alcance de la reforma y sus posibles consecuencias sobre la protección de los glaciares en la Argentina.
