Los senadores no tendrán demasiado tiempo para descansar tras los festejos de Navidad, ya que fueron convocados a sesionar el próximo viernes 26 de diciembre para tratar las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.
La convocatoria fue dispuesta por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien este viernes cursó el llamado a una “Sesión Pública Especial”, que comenzará a las 12 horas.
Durante la mañana, el oficialismo logró obtener el dictamen del Presupuesto para llevarlo al recinto. Fue tras dos horas de debate en comisión, donde consiguió 11 de las 19 firmas, sin introducir modificaciones respecto de la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados.
Aquella aprobación en la Cámara baja dejó un sabor a derrota parcial para el Gobierno, ya que se eliminó el capítulo 11, que incluía las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
De cara a la sesión del viernes, se especula que el Presupuesto 2026 sea aprobado, aunque con modificaciones, lo que obligaría a que Diputados vuelva a sesionar para su sanción definitiva. Si bien inicialmente se creía que el Gobierno insistiría en la derogación de las leyes mencionadas, finalmente se respetará lo votado en Diputados. Para ello, el oficialismo diseñó alternativas que permitan mantener el equilibrio fiscal.
“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó un importante funcionario a Infobae.
Entre las principales modificaciones, el oficialismo propondrá que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a las actualizaciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente en materia de jubilaciones. Asimismo, se prevé mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, inclusive, y al porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otra modificación relevante está vinculada al artículo referido a las auditorías de las pensiones, con el objetivo de acelerar y profundizar los procedimientos de control y avanzar en la baja de aquellas que presenten irregularidades. Además, se propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la pensión por invalidez laboral.
En relación con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, el Gobierno no avanzará con su derogación, pero propondrá incrementar en un 20% el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, sobre los créditos asignados en 2025.
Respecto de la actualización salarial, que por ley estaba sujeta a la inflación, el oficialismo sugiere aplicarla de manera escalonada, con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, seguido de cuatro aumentos periódicos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026, según precisaron a Infobae.
Por otra parte, en lo que respecta a la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo logró el dictamen en el Senado con escaso debate, durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que se extendió por menos de 30 minutos. El quórum se conformó sin la presencia de los senadores del bloque Justicialista, que viene reclamando por la conformación de las comisiones. Ante esa situación, el oficialismo y sus aliados eligieron por unanimidad como presidente de la comisión al senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza.
El único senador del peronismo presente fue Mariano Recalde, quien, tras la designación de Pagotto, pidió la palabra para cuestionar el armado de la comisión.
Durante el encuentro, se trató exclusivamente el proyecto de ley en revisión del Régimen Penal Tributario, conocido comúnmente como “dólares en el colchón” o ley de inocencia fiscal. El trámite resultó sencillo, ya que los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y partidos provinciales se manifestaron de acuerdo con la iniciativa en general. El único cuestionamiento provino del radicalismo, en relación con el régimen de multas contemplado en el texto.
La respuesta del oficialismo llegó a través de Patricia Bullrich, quien aseguró que, con el objetivo de “poner en marcha esta ley”, su espacio se compromete a analizar una ley corta que permita subsanar ese punto.
La iniciativa que el oficialismo busca convertir en ley el viernes 26 de diciembre propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.
