En medio del “tiro y afloje” por la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional asegura que tras una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detectaron que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), figuraban como activos a pesar de haber fallecido. Esta anomalía fue corroborada con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El descubrimiento se enmarca en el contexto de la polémica que rodea a la ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien es objeto de investigaciones tras la difusión de audios donde sugiere la existencia de un circuito de coimas. En respuesta a estas acusaciones, Spagnuolo presentó un informe legal en el que argumenta que fue manipulado mediante inteligencia artificial.
Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS, autorizó la baja de los certificados identificados como fraudulentos. Fuentes oficiales alertaron sobre la posibilidad de judicializar no solo a las personas que se beneficiaban indebidamente del CUD, sino también a los prestadores implicados en este esquema. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, señalaron expertos en la materia.
Este hallazgo forma parte de un panorama más amplio de irregularidades que llevaron al gobierno a ordenar una auditoría integral sobre la agencia, que se encuentra bajo revisión desde el pasado 28 de agosto. La gestión de Spagnuolo fue denunciada por falta de transparencia y por no realizar revisiones internas desde el comienzo de su mandato.
Además, el incremento del 27% en la compra de medicamentos clave para tratar leucemias linfoblásticas agudas intensificó las preocupaciones en torno a la gestión de recursos de la ANDIS. Aunque se barajó la posibilidad de despojar a la agencia de su autonomía, finalmente no se concretó ninguna reestructuración.
Los resultados definitivos de la auditoría se esperan para el primer trimestre de 2026, marcando un periodo crítico para la administración actual.
