La Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco Central y la Justicia investigan maniobras por más de US$1.100 millones entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. La operatoria habría nacido al calor de la brecha cambiaria durante la época del cepo.
Según publica MDZ, el BCRA abrió cuatro sumarios a los fines de analizar las operaciones que se llevaron a cabo en ese periodo, ya que se sospecha de las compras de dólares al valor oficial y posterior venta en el mercado paralelo.
Una maniobra que habría involucrado a bancos, agencias y monotributistas o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que fueron receptores de préstamos retirados en efectivo.
En los sumarios se plantea que las casas y agencias de cambio funcionaban como intermediarias, por medio de la adquisición de dólares oficiales que canalizaban a terceros en operaciones por fuera de la normativa.
Pues, muchas de las transferencias en pesos que recibieron fueron retiradas en billetes, por lo que se perdió la trazabilidad y generó sospechas sobre su legalidad. Por su parte, los acusados argumentas que los planteos son nulos y arbitrarios.
Desde La Nación, revelaron que los bancos proveían los dólares físicos, principalmente a través del Banco de Servicios y Transacciones y otras casas y agencias, aunque los sumarios no los responsabilizan directamente.
En la tercera fase, los dólares llegaban a personas físicas mediante mutuos o préstamos, práctica no permitida para estas entidades. Los beneficiarios incluían monotributistas y titulares de AUH, y los fondos se retiraban en efectivo de inmediato. El BCRA considera que esta metodología permitió canalizar divisas a precios oficiales hacia el mercado paralelo, bajo apariencia de operaciones regulares, con un rédito estimado para las agencias involucradas, menor al volumen total investigado.
La circulación del dinero
La investigación revela un esquema complejo que involucró bancos, agencias de cambio y cientos de personas físicas. Desde la provisión de dólares físicos hasta la entrega final mediante mutuos y préstamos, los movimientos muestran la ingeniería detrás de la presunta canalización de divisas oficiales al mercado paralelo.
El total de las operaciones investigadas asciende a más de US$1.100 millones entre 2022 y 2023. Aunque el beneficio de las agencias fue menor, los sumarios destacan la sistematicidad y planificación de la operatoria. La Justicia mantiene abiertas las pesquisas mientras el Banco Central refuerza los controles sobre la compraventa de divisas, en un contexto donde la brecha cambiaria sigue siendo un factor clave.
