Tras una exhaustiva investigación de la PROCUNAR, la justicia federal de Salta dictó sentencia contra seis integrantes de una organización criminal de carácter familiar que operaba en el norte argentino desde hacía más de una década. El clan, liderado por Emanuel Gabriel Cala, se dedicaba al transporte de grandes cargamentos de cocaína y al blanqueo de los fondos obtenidos de manera ilícita.
El líder y la cúpula: penas y cargos
La jueza Gabriela Catalano impuso las sanciones más severas a la pareja que encabezaba la estructura criminal. Emanuel Gabriel Cala fue condenado como jefe de asociación ilícita, organizador y financista de tráfico de estupefacientes y autor de lavado de activos; debido a una causa previa, su pena se unificó en 15 años de prisión. Por su parte, su pareja, Melisa Alemán, recibió una pena de 6 años y 6 meses como jefa de los mismos delitos, unificada en 8 años por una condena anterior.
Los hijos de Alemán (Dalci Gabriela, Kevin Gabriel y Alex Facundo) y otro integrante del entorno, Marcelo Nicolás Juárez, recibieron penas de 3 años de prisión de ejecución condicional al ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios en las maniobras de lavado.
Un imperio de 14 años desmantelado
La investigación, a cargo del fiscal Diego Iglesias, determinó que el grupo funcionaba desde hace 14 años, coordinando el envío de cargamentos de hasta 100 kilogramos de cocaína hacia distintas provincias argentinas. El desbaratamiento total de la banda se concretó en 2024, tras un seguimiento minucioso de su logística y sus movimientos financieros.
Un decomiso histórico para el Estado
Más allá de las penas de reclusión, el fallo judicial destacó por el impacto directo sobre el patrimonio del clan. El tribunal dispuso la confiscación a favor del Estado Nacional de una importante lista de activos.
En cuanto a las propiedades, se ordenó el secuestro de tres inmuebles: dos de ellos ubicados en los barrios Atocha y Ceferino de la ciudad de Salta, y un tercero situado en el barrio inteligente Docta, en la provincia de Córdoba. A esto se suma la incautación de nueve automóviles de diversos modelos que eran utilizados para la logística y el desplazamiento de la organización.
El golpe financiero se completó con el decomiso de dinero en efectivo y cuentas bancarias. La justicia secuestró 16.000 dólares y más de 800.000 pesos en efectivo, pero el dato más relevante fue el hallazgo de alrededor de 8.500 millones de pesos que se encontraban depositados en una cuenta bancaria vinculada a la organización. Este procedimiento representa uno de los decomisos más importantes de los últimos años en la región NOA, desarticulando por completo la estructura económica que permitía la subsistencia del clan.
