Ayer, el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó con prisión preventiva al juez Gastón Salmain. A pesar de esta medida, el arresto no será efectivo, dado que el magistrado goza de inmunidad judicial.
Mientras tanto, el financista Fernando Whpei, se encuentra bajo arresto domiciliario por ser padre de una niña discapacitada y fue objeto de una prohibición para salir del país. El mismo régimen se aplica al escribano santafesino Santiago Busaniche.
Segú trascendió, en caso de que Salmain decida renunciar, podría quedar expuesto a su remoción por parte del Concejo de la Magistratura, lo que abriría la posibilidad de una detención.
La causa se origina en una presunta maniobra extorsiva llevada a cabo en diciembre de 2023. En ese momento, se autorizó cautelarmente al Banco Central para que vendiera 10 millones de dólares a precio oficial a un fideicomiso, a pesar de que estaba vigente el cepo cambiario.
Esta operación habría permitido a Whpei obtener un significativo negocio al cambiar los dólares en el mercado paralelo, lo que incursionó en el limbo legal.
Los fiscales federales que impulsan la investigación —Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustín Arbigay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodríguez y Esteban Ventitti— señalaron que la resolución finalizó el 5 de diciembre de 2023, cuando Salmain dictó la medida cautelar que beneficiaba a Attila Fideicomisos SRL y otras empresas vinculadas a Whpei.
Según los fiscales, este movimiento buscaba generar una ganancia de aproximadamente dos millones de dólares, a cambio de una comisión del 10% que presuntamente habría sido exigida por Salmain y Busaniche, lo que pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones en el marco de la justicia argentina.
