Este martes, el Gobierno logró suspender de manera provisoria el fallo que había declarado nulo el protocolo antipiquetes. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad “con ambos efectos”, lo que dejó la sentencia en suspenso hasta que se expida la Cámara y habilitó la continuidad de la medida.
Desde la cartera de Seguridad precisaron que, al concederse el recurso con efecto suspensivo, el protocolo puede seguir aplicándose mientras se tramita la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Celebración oficial y respaldo político
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la decisión judicial en redes sociales. “EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia concedió el recurso y suspendió los efectos de la sentencia”, expresó, y ratificó que el Gobierno “no va a dar un paso atrás”.
En la misma línea se pronunciaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, autora del protocolo. “El Protocolo Antipiquete no se suspende. El orden no se negocia”, sostuvo la exministra.
Desde la Casa Rosada, donde calificaron el fallo original como “político”, aseguraron que el protocolo cuenta con respaldo social mayoritario.
El fallo que había anulado el protocolo
El lunes, el juez federal Martín Cormick había hecho lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo. En su resolución, sostuvo que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y que no puede restringir derechos constitucionales sin una ley previa del Congreso.
El magistrado cuestionó que la resolución avanzara sobre derechos como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho a peticionar a las autoridades, y afirmó que presentaba “vicios en su conformación legal”.
Los argumentos de la apelación
La apelación fue presentada por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, Marcelo Cippitelli. El Estado nacional sostuvo que la sentencia le causa un “gravamen irreparable”, argumento clave para solicitar que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, y pidió su revocación, además de dejar planteada la reserva del caso federal.
Uno de los ejes centrales del escrito fue la improcedencia del amparo, al tratarse —según el Ministerio— de una vía excepcional sin acreditación de un daño concreto. Además, rechazó que la Resolución 943/2023 implique legislar o restringir derechos, y afirmó que el protocolo solo ordena el accionar de las fuerzas ante delitos flagrantes, en particular los previstos en el artículo 194 del Código Penal.
Antecedentes judiciales y contexto
La plena implementación del protocolo generó cuestionamientos del arco opositor y derivó en distintas presentaciones judiciales. Previamente, en otro expediente, el juez Sebastián Casanello le había ordenado a Patricia Bullrich ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites fijados por la Constitución Nacional, en el marco de un habeas corpus impulsado por la dirigente del MST Celeste Fierro.
Mientras la Cámara analiza el fondo de la cuestión, el protocolo antipiquetes continúa vigente y en aplicación.
