Tras su multitudinario recital en Córdoba, la Justicia ordenó una nueva junta médica. Analizarán si el músico, que continúa con el juicio suspendido por el crimen de Cristian Díaz, está en condiciones de enfrentar un proceso penal.
El reciente regreso de Cristian “Pity” Álvarez a los escenarios no solo marcó un hito musical ante 35 mil personas en Córdoba, sino que disparó una inmediata reacción en los tribunales. Luego de que el exlíder de Viejas Locas se presentara en vivo mientras su proceso judicial permanece congelado, la Justicia decidió someterlo a una nueva evaluación psiquiátrica para determinar si su estado mental sigue siendo un impedimento para ser juzgado.
Una junta médica clave
Según información judicial el próximo 10 de febrero se llevará a cabo una junta médica determinante. Los especialistas evaluarán el historial clínico de los últimos años para dictaminar si el músico recuperó las facultades necesarias para comprender la criminalidad de sus actos y someterse al debate oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.
La polémica radica en la aparente contradicción entre su capacidad para brindar un show de tal magnitud y su presunta incapacidad jurídica. Al respecto, el abogado Alejandro Cipolla aclaró que la firma del contrato para el concierto “seguramente la revisó algún familiar”, y enfatizó que el talento artístico no es equivalente a la aptitud procesal: “Que cante no significa que pueda discernir plenamente entre lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista jurídico”.
El show no pasó desapercibido para el Ministerio Público Fiscal. Por pedido del fiscal de la causa, efectivos policiales asistieron al predio cordobés con el objetivo de registrar el comportamiento y el estado del artista. Sin embargo, trascendió que dentro del lugar se les habría solicitado apagar las cámaras, lo que añade una capa de tensión al seguimiento judicial del evento.
El reclamo de la familia de la víctima
Mientras el proceso entra en una nueva etapa de peritajes, el dolor y la indignación de la familia de la víctima se hicieron sentir. Jacqueline, hija de Cristian Díaz, manifestó nuevamente su malestar por el prolongado accionar judicial y el estancamiento de una causa que ya lleva siete años sin sentencia.
Desde su detención en 2018 y su posterior paso por el pabellón de salud mental del Penal de Ezeiza para tratar sus adicciones, el juicio de Álvarez ha sido suspendido sistemáticamente. Ahora, la mirada de la sociedad y de la Justicia está puesta en los resultados de febrero, que definirán si el “Pity” volverá al banquillo de los acusados o si el proceso continuará en un limbo legal.
