Unión por la Patria, la Izquierda y Provincias Unidas adelantaron su voto negativo al Decreto 941/2025. El PRO se mantiene cauteloso, mientras la UCR aún no fijó postura sobre la norma que otorga facultades de detención a agentes de la SIDE.
El Congreso de la Nación se encamina a un nuevo foco de conflicto tras la publicación del DNU 941/2025, mediante el cual el Ejecutivo reformó la Ley de Inteligencia Nacional. La medida generó una reacción inmediata de los bloques opositores, quienes consideran que la reforma atenta contra las garantías constitucionales.
Los ejes de la polémica
El rechazo de los bloques de Unión por la Patria (UxP), Provincias Unidas y la Izquierda se centra en dos puntos críticos introducidos por el decreto:
-
Facultad de aprehensión: Se habilita a los agentes de inteligencia a detener personas en situación de flagrancia, lo que opositores como Agustín Rossi califican como la transformación de la SIDE en una “fuerza parapolicial” o “policía secreta”.
-
Opacidad total: El decreto declara el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia, lo que facilitaría el desvío de gastos reservados y dificultaría el control parlamentario.
Desde el kirchnerismo, la diputada María Teresa García alertó sobre el riesgo de “persecución política de disidentes”, mientras que Gisela Scaglia (Provincias Unidas) remarcó que “no existe necesidad ni urgencia” que justifique eludir el debate en el Congreso. Por su parte, Myriam Bregman (Izquierda) exigió la anulación inmediata del DNU por considerarlo un “acto ilegal” que afecta la libertad personal.
En contraste, el PRO optó por la prudencia. Informaron que un equipo técnico analiza la norma y que esperarán a conocer los protocolos de aplicación antes de decidir si acompañan o rechazan. Por el momento, la UCR y otros bloques provinciales mantienen el silencio, convirtiéndose en los votos clave cuando la comisión de Trámite Legislativo deba dictaminar sobre la validez de la reforma.
