En los últimos días se instaló el debate sobre una eventual sanción de la FIFA a Estados Unidos a raíz de la situación política y diplomática con Venezuela, a partir de versiones sobre una operación norteamericana en territorio venezolano que derivó en la captura de Nicolás Maduro. En ese contexto, surgieron comparaciones con el antecedente de Rusia en 2022 y cuestionamientos sobre la continuidad del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, desde el plano jurídico y reglamentario, especialistas en derecho deportivo aseguran que no existe sustento normativo para una sanción automática ni para poner en riesgo la Copa del Mundo.
El abogado Marcelo Bee Sellares, referente en derecho deportivo internacional, explicó en sus redes sociales por qué el torneo no corre peligro. Según detalló, la FIFA adjudicó el Mundial 2026 a los tres países organizadores mediante Hosting Agreements vinculantes, es decir, contratos formales que solo pueden modificarse o rescindirse ante incumplimientos graves, situaciones de fuerza mayor o riesgos directos para la seguridad y la organización del evento.
En cuanto al marco normativo, Bee Sellares recordó que los Estatutos de la FIFA (artículos 14 al 16) contemplan sanciones a federaciones únicamente en casos de injerencia gubernamental directa en el fútbol o violaciones a las normas deportivas, pero no por decisiones de política exterior o conflictos ajenos a la actividad futbolística.
Además, el reglamento de la entidad madre del fútbol mundial no establece sanciones automáticas por conflictos armados o hechos geopolíticos que no afecten de manera directa la competencia. Desde el derecho contractual, los acuerdos entre FIFA y los países anfitriones se rigen por obligaciones recíprocas, y los acontecimientos externos no anulan por sí mismos esos compromisos.
Respecto al antecedente de Rusia, el especialista aclaró que la exclusión del Mundial 2022 fue una decisión excepcional tomada por el Consejo de FIFA y UEFA debido a la imposibilidad material de competir y a los riesgos deportivos y logísticos, y no por la aplicación de una norma general válida para todos los casos.
Conclusión jurídica:
No existe actualmente base reglamentaria ni contractual que permita suspender el Mundial 2026 o vetar automáticamente a Estados Unidos por hechos políticos externos. La organización del torneo continúa firme y sin riesgos legales desde la óptica de la FIFA.
