La causa judicial por abuso sexual infantil contra un hombre de apellido Tevez, residente del Barrio General Paz, ha puesto de manifiesto una dolorosa asimetría: mientras el imputado aguarda el juicio oral en libertad y asiste a eventos sociales, la víctima y su familia se han visto obligados a exiliarse de su propia provincia. La Dra. Ximena Neirot se constituyó formalmente como querellante en representación de la familia para exigir que se revierta esta situación y se garanticen los derechos de la menor antes del inicio del debate oral.
El hecho denunciado ocurrió en el año 2020 durante una visita familiar a Santiago del Estero. El padre de la niña, un jugador de fútbol profesional que reside fuera de la provincia, aprovechaba el receso del calendario deportivo para viajar con su esposa e hija y celebrar las fiestas con sus allegados. Fue en ese contexto de confianza donde Tevez, quien era pareja de la tía paterna de la niña, habría perpetrado el abuso bajo amenazas de muerte. La gravedad del caso se extiende a una segunda víctima, una prima menor de edad, quien también habría sufrido ataques por parte del mismo sujeto.
Tras la denuncia y una declaración en Cámara Gesell que resultó determinante para la detención inicial de Tevez, la causa avanzó hacia la etapa de juicio. Sin embargo, el imputado recuperó la libertad y actualmente transita su vida cotidiana sin restricciones, lo que ha generado un impacto devastador en la dinámica familiar de la víctima. Por temor a un encuentro fortuito o a la revictimización de la pequeña, la familia decidió postergar indefinidamente sus visitas a Santiago del Estero, cancelando los tradicionales encuentros de fin de año para priorizar la salud emocional de la niña.
La querella sostiene que existe una “prisión de hecho” para la víctima, quien no puede ejercer su derecho de visitar a sus parientes y recorrer su provincia natal mientras el acusado permanezca libre y en su mismo entorno social. Ante esta situación, la abogada Ximena Neirot solicitará formalmente la revisión de las condiciones de libertad del acusado, fundamentando el pedido en la especial vulnerabilidad de la menor y en la necesidad de medidas de protección reales que permitan que la niña pueda regresar a su tierra sin miedo.
La intervención legal apunta a que la justicia evalúe el riesgo que representa la libertad de un imputado con múltiples denuncias de abuso sexual en su contra. Para la familia, el objetivo es claro: que el proceso judicial no sea un obstáculo más para la vida de la niña, sino el camino para que ella recupere la libertad de volver a casa, algo que hoy le resulta imposible debido a la impunidad con la que se desplaza el acusado.
