El abogado Claudio Ferreyra Oddone, defensor de personas que demandan a concesionarias de autos por irregularidades en la venta de planes de ahorro, visitó La Mañana de Info y expuso con claridad una problemática que afecta a miles de familias en todo el país.
Durante la entrevista, Ferreyra Oddone explicó que los planes de ahorro son una herramienta válida para acceder a un vehículo, especialmente en un contexto donde “nadie tiene 20 millones de pesos para comprar un auto de contado”. Sin embargo, advirtió que el problema no está en el sistema en sí, sino en la forma en la que muchas concesionarias captan a los clientes y administran los contratos.
Cómo funcionan los planes de ahorro
Según detalló, una administradora reúne alrededor de 168 personas por plan, comprometiéndose durante siete años a que todas accedan a su vehículo. “Eso implica comprar dos autos por mes durante siete años. Es imposible que la cuota sea fija”, explicó. El valor del plan se divide en porcentajes del precio del auto, lo que hace que cualquier aumento impacte directamente en las cuotas.
Uno de los puntos más críticos, señaló, fueron los diferimientos de aumentos durante la pandemia. Ante la crisis, el Estado permitió que las administradoras ofrecieran postergar subas para que la gente pudiera seguir pagando. “El problema es que después todo eso llega junto, como una deuda impagable”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el caso de Volkswagen y el modelo Up: un auto que hoy vale alrededor de 12 millones de pesos, pero por el cual la concesionaria reclama deudas de hasta 16 millones. “La gente queda atada a contratos que quiere cumplir, pero no puede. No tiene salida”, remarcó.
La sentencia contra Volkswagen
Ferreyra Oddone llevó estos casos a la Justicia y detalló fallos recientes que marcaron un precedente. Indicó que mientras la inflación fue del 50% en 2021, los autos aumentaron más del 400%, y en 2022, con una inflación del 94%, los vehículos subieron hasta 854%. “No lo alcanza el dólar, no lo alcanza la nafta, no lo alcanza la luz. Es gente desesperada”, afirmó.
En una sentencia destacada, una jueza ordenó a la concesionaria explicar en un plazo de diez días el origen de una deuda considerada “atroz”, dispuso el pago de daño moral, aplicó una multa millonaria y estableció que las actualizaciones de cuotas debían realizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, y no con los criterios de la empresa.
“El sistema sabe quiénes van a poder terminar de pagar el plan y quiénes no”, concluyó el abogado. “Y aun así, no les importa, porque saben que la gente va a dejar la vida para intentar cumplir”.
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