Mientras el Boeing 737 Fireliner de Santiago del Estero se convierte en el principal aliado para frenar el desastre en la cordillera, el uso de fondos públicos para la compra de aviones de combate F-16 genera fuertes cuestionamientos en las comunidades afectadas.
El arribo del Boeing 737 Fireliner a la provincia de Chubut marca un punto de inflexión en la lucha contra los incendios forestales que mantienen en vilo a la Patagonia. Este avión, el más grande de su tipo en la Argentina y operado por la provincia de Santiago del Estero, fue enviado como refuerzo extraordinario para contener los focos ígneos en Puerto Patriada y El Hoyo, zonas donde el fuego ya ha consumido cerca de 2.000 hectáreas.
En ese sentido, Torres agradeció especialmente al “gobernador recientemente electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, por la predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de la provincia, un avión de estas características opere en Chubut”, y aseguró que “el Gobierno provincial no va a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra los incendios forestales”.
Con una capacidad de carga de 15.000 litros de agua o retardante, la aeronave se integra a un operativo que incluye otros cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Sin embargo, la magnitud de la tragedia —que ya cuenta con más de 700 evacuados y un voluntario fallecido— ha desplazado la mirada hacia la política de compras del Gobierno Nacional, específicamente sobre la adquisición de los caza F-16.
Hidrantes vs. F-16: El contraste presupuestario
En las comunidades de la Comarca Andina, el malestar es palpable. Vecinos y brigadistas han comenzado a contrastar los USD 300 millones destinados a la compra de los aviones de combate con la carencia de una flota nacional robusta de lucha contra el fuego. Según estimaciones técnicas que circulan entre los especialistas del sector, con el dinero invertido en los F-16 —aviones de carácter defensivo y militar— se podrían haber adquirido hasta 60 aviones hidrantes de última tecnología.
“La guerra contra el fuego es con aviones hidrantes, no con F-16”, es una de las consignas que resuena con más fuerza entre los pobladores de Epuyén y El Hoyo. El reclamo se centra en que, mientras el Estado Nacional invierte en equipamiento bélico para eventuales conflictos externos, la “guerra real” que devora bosques nativos, viviendas y animales se combate con recursos prestados por otras provincias o equipos que resultan insuficientes ante la sequía extrema.
La ausencia del Estado Nacional y el auxilio provincial
El despliegue en Chubut ha puesto de manifiesto una paradoja logística: la provincia patagónica debe recurrir a un avión de Santiago del Estero debido a la falta de una unidad de similar porte bajo órbita de la Nación. Las críticas apuntan a que los F-16, al ser tecnología supeditada a software y suministros extranjeros, no ofrecen una utilidad práctica ante emergencias civiles como la actual.
En contraste, los hidroaviones y aviones de gran porte como el Fireliner no solo cumplen una función crítica en la protección del territorio y la vida, sino que representan una inversión con capacidad operativa inmediata. “No hubo plata para hidroaviones ni helicópteros, pero sí para aviones que juntan polvo en los hangares”, denuncian referentes de las zonas devastadas, donde la sensación de abandono por parte del Ejecutivo Nacional crece a medida que las cenizas cubren el paisaje.
Estado actual del operativo
A pesar del debate político, el trabajo en el terreno no se detiene. El gobernador Ignacio Torres confirmó que el operativo cuenta con más de 180 combatientes y 100 personas de logística, además de bomberos voluntarios y equipos de Vialidad Nacional. La incorporación del Boeing 737 es vista como un alivio necesario, pero también como un recordatorio de que la defensa del futuro y la tierra argentina depende, hoy más que nunca, de mirar hacia el cielo correcto.
