El sistema previsional argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los haberes jubilatorios han registrado una pérdida del 27,4% en su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, como consecuencia directa del cambio en la fórmula de actualización impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Esta contracción de los ingresos, implementada mediante el DNU 274/2024, resultó ser una pieza fundamental para que la administración libertaria lograra el superávit fiscal, pero a costa de una brecha creciente en los bolsillos de los adultos mayores.
La decisión de reemplazar el esquema de la Ley 27.609 —que promediaba la recaudación y los salarios— por uno basado estrictamente en la inflación, se produjo en un momento estratégico. El informe destaca que la fórmula anterior se eliminó intencionalmente justo antes de que comenzara a mostrar mejoras reales, ya que, por su rezago temporal, el sistema derogado suele ganarle a los precios cuando la inflación inicia una tendencia a la baja. Bajo el esquema actual, si bien las jubilaciones acompañan el ritmo de los precios, han perdido toda capacidad de recuperar el terreno cedido durante la megadevaluación y la escalada inflacionaria del inicio de la gestión.
Las cifras actuales reflejan una realidad dispar. Tras los aumentos por inflación registrados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, el análisis comparativo del CEPA advierte que, de haber continuado vigente la fórmula anterior, ese mismo haber alcanzaría hoy los $434.279. Esta diferencia representa un recorte de facto de más de $93.000 mensuales para cada beneficiario, situando el poder de compra actual incluso por debajo de los niveles promedio registrados durante la década de 1990.
La situación se agrava para quienes dependen del haber mínimo debido al congelamiento del bono compensatorio. Este refuerzo, que se mantiene fijo en $70.000 desde marzo de 2024, ha sufrido una licuación drástica frente a la evolución del resto de los precios de la economía. Mientras que los haberes básicos se incrementaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima real —contemplando el bono— solo aumentó un 101%.
Para que este beneficio mantuviera su valor original, debería haber escalado hasta los $177.485 en diciembre pasado, lo que deja en evidencia un recorte adicional de $107.485 mensuales para los sectores más vulnerables.
Este escenario de asfixia económica se completa con decisiones políticas y legales contundentes, como el veto presidencial a las leyes de movilidad que buscaban recomponer el 7,2% perdido en enero de 2024 y elevar el bono a $110.000.
A este panorama se suma el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, una medida que restringe drásticamente el acceso al sistema. Según las proyecciones, el 90% de las mujeres y el 80% de los varones en edad de retiro no podrán jubilarse por falta de aportes, quedando relegados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que paga apenas el 80% de una mínima y eleva la edad de retiro para las mujeres a los 65 años.
