El Gobierno de Javier Milei ha marcado el 11 de febrero como la fecha clave en el calendario legislativo. El objetivo es claro: sancionar la reforma laboral en sesiones extraordinarias. Para lograrlo, el Ejecutivo ha iniciado una “rosca” política intensa para sumar los votos de los gobernadores, actores determinantes para inclinar la balanza en un Congreso donde La Libertad Avanza, aunque fortalecida, aún no tiene el número propio suficiente.
Bajo la conducción estratégica de la senadora Patricia Bullrich, el proyecto ya ha logrado un avance significativo en la Cámara Alta. La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Presupuesto, y se espera que las conversaciones con los bloques dialoguistas se retomen con fuerza en la segunda quincena de enero.
Si el Senado le otorga la media sanción, la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que funcionará como cámara revisora. Allí, el debate promete ser mucho más ríspido y con modificaciones de fondo.
La postura de los bloques intermedios
El diputado socialista Esteban Paulón (bloque Provincias Unidas) advirtió que la discusión en la Cámara Baja no será un trámite protocolar. Paulón confirmó una reunión inminente con el triunvirato de la CGT para escuchar los reclamos sindicales. “Es positivo que el Gobierno haya aceptado posponer el debate; eso habla de una voluntad de incorporar aportes”, señaló Paulón, aunque aclaró que esperan un trabajo previo en comisiones antes de llegar al recinto el 11 de febrero.
La contraofensiva de Unión por la Patria
Desde la vereda opuesta, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, ha delegado la estrategia de defensa en sus diputados de extracción sindical. Figuras como Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo (Bancarios) y Vanesa Siley no solo planean rechazar el texto oficial, sino que ya presentan propuestas alternativas.
Una de las iniciativas que busca ganar terreno es la de Yasky, quien propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo en favor de los empleados con hijos:
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Vacaciones escolares: El proyecto busca que el receso laboral de los padres coincida obligatoriamente con las vacaciones de verano de los hijos en edad escolar.
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Período estival: Establecería que el empleador debe conceder el descanso anual estrictamente entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo.
El escenario hacia febrero
El oficialismo confía en que el reciente triunfo en las urnas y el diálogo con los gobernadores —quienes necesitan estabilidad fiscal— facilitarán la aprobación. Sin embargo, el kirchnerismo y las centrales obreras apuestan a dilatar los tiempos y exponer las “distorsiones” que, según denuncian, el proyecto oficial causaría en el capital privado y el derecho de los trabajadores.
