El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), intervino el puerto de Ushuaia por el plazo de un año. La medida se basa en graves denuncias por desvío de fondos, vaciamiento y un deterioro crítico de la infraestructura que pondría en jaque la seguridad de las.
La decisión generó nuevas rispideces con el Gobierno provincial de Tierra del Fuego. Pues, el gobernador Gustavo Melella rechazó tajantemente la intervención y adelantó que judicializará la medida por considerarla infundada.
La ANPYN sostiene que la administración del puerto presenta un desmanejo administrativo profundo. Se habla de un desvío de Presupuesto, porque, según el organismo nacional, el puerto destinó un 33% de sus recursos a subsidios provinciales, incumpliendo la normativa que exige que los ingresos portuarios se reinviertan en la propia terminal. De ellos, solo un 1,3% se utilizó para obras de mantenimiento.
Además, se detectó que la gestión de ingresos y compras fue delegada a una empresa privada cuya habilitación comercial es para la venta de paraguas, termos y pelucas, careciendo de idoneidad para la gestión portuaria.
A esto se suma la falta de registros, ya que no existiría un control fidedigno de los movimientos de caja ni de los procesos de compras.
Por otro lado y quizás el más grave, es que las inspecciones técnicas realizadas previamente arrojaron resultados alarmantes que, según la ANPYN, representan un “riesgo de seguridad” inminente para las navieras y cruceros que operan en la zona.
En el sitio 3 del muelle registraron un faltante crítico de pilotes de soporte; en los sistemas sistemas de atraque, detectaron defensas gastadas o inexistentes, lo que daña los cascos de los buques; mientras que en la estructura base, se observan problemas graves en el tablestacado (muros de contención) y deterioro avanzado de la carpeta asfáltica.
La respuesta de Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Melella reaccionó a la medida de la ANPYN y se mostró desafiante ante la resolución. Para el mandatario, la intervención es una “intromisión” sobre las competencias provinciales.
“No compartimos ni la medida ni sus fundamentos”, manifestó, confirmando que la provincia presentará una medida cautelar ante la Justicia para frenar el desembarco de las autoridades nacionales.
Cómo funcionará el puerto durante la intervención
Para garantizar la continuidad operativa y llevar tranquilidad al sector turístico y comercial, la ANPYN aclaró el esquema de trabajo en los 12 meses que dure la intervención.
Por un lado, la Prefectura Naval Argentina asistirá en la optimización de protocolos de seguridad y vigilancia técnica. En segundo lugar, las gerencias operativas seguirán a cargo del personal fueguino, reconociendo su capacidad técnica y conocimiento específico del terreno.
Mientras que, la obra entrará en auditoría. Se iniciará una revisión integral de los contratos y el estado contable de la administración saliente.
