Luego de detectar irregularidades financieras y desvío de fondos públicos, el Gobierno oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por un año. La medida tomada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se formalizó mediante resolución 4/2026 en el Boletín Oficial.
Mientras tanto, el Gobierno de Tierra del Fuego anunció que irá a la justicia para frenar le medida del Ejecutivo Nacional. Desde ahora, la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima será asumida por el Estado nacional, aunque la intervención podría ampliarse más allá de los 12 meses previstos, en caso de que la irregularidades no se corrijan.
La ANPYN, señaló que la decisión responde a la detección de desvíos de recursos. Pues, asegura que, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, algo que va en contra de la normativa vigente.
Pero surge otro conflicto, porque de acuerdo las inspecciones, habría evidencia suficiente sobre deficiencias operativas, riesgos en la infraestructura y falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales ante los pedidos de regularización.
Desde el organismo también remarcaron que la medida se tomó ante la falta de respuestas concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que operan en el puerto.
La intervención ocurre en plena temporada de cruceros, lo que generó tensiones políticas con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo gobernador cuestionó la decisión y aseguró que las operaciones de la terminal continúan con normalidad.
