Argentina registró en diciembre de 2024 a 121.443 personas privadas de la libertad; lo que equivale a 258 cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de su historia. Un informe de revela que el crecimiento de la población carcelaria, de 7,1% fue superior al que se registraba anualmente en los últimos 25 años, que era de 6%.
Los datos provienen del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que anualmente elabora el informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina”. El del año 2024 muestra cómo se intensificó además el problema de la superpoblación carcelaria.
Pues, registraba 121.443 personas privadas de la libertad con un nivel de ocupación del 130,2 % de su capacidad. Esto significa que hay 130 presos alojadas donde caben 100.
Para 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, una buena parte de esos nuevos centros penitenciarios absorbieron a personas que estaban alojadas en comisarías.
Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó. Las provincias que se encuentran por encima de la tasa nacional de encarcelamiento son Córdoba, con casi 377 personas privadas de la libertad (PPL ) cada 100.000 habitantes. Le siguen: Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.
En base a estos datos, el Comité remarca que el problema de la sobrepoblación no debe abordarse exclusivamente ampliando la capacidad penitenciaria. Pues, las razones de este fenómeno son el uso sistemático de la prisión preventiva; el incremento de personas condenadas a penas cortas; el aumento de la severidad de la legislación penal.
Otro punto que destaca el informe del CNPT es el aumento en términos absolutos de la cantidad total de personas presas de forma preventiva. En términos absolutos, en solo tres años pasó de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024, lo que representa un crecimiento de cinco puntos porcentuales.
En comparación con los varones, las mujeres y las personas trans presentan niveles superiores en el uso de la prisión preventiva.
Además, advierten desde el Comité, las personas condenadas a penas de hasta tres años —es decir, por delitos de escasa o nula lesividad— representan el 17 % de la población condenada en cárceles del país (12.787 personas). En 2022, las personas con condenas de corta duración representaban el 13,5 %.
La situación procesal de las personas privadas de la libertad muestra que la mayoría cuenta con una condena firme. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.
Una lectura retrospectiva de estos datos indica que la proporción de personas condenadas registra un aumento sostenido, y que la población con prisión preventiva disminuyó de manera considerable durante los últimos dos años. Sin embargo, esta disminución es relativa ya que este cambio se produjo en un contexto de inflación carcelaria. En términos absolutos, la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer: en solo tres años aumentó cinco puntos porcentuales, pasando de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024.
