La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió este lunes archivar de forma definitiva la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, acoso y trata de personas. El Ministerio Público fundamentó su resolución en la “falta de jurisdicción” de los tribunales españoles para tratar el caso.
La causa se había iniciado a principios de enero tras la presentación de dos exempleadas del artista de 82 años. Las mujeres denunciaron haber sido víctimas de tocamientos, insultos, vejaciones y abuso de poder durante el año 2021, mientras trabajaban para el cantante en sus residencias del Caribe.
Los motivos del archivo: fuera de jurisdicción
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía fue tajante al señalar que España no tiene facultades para intervenir en este proceso por tres razones clave: 1- Territorialidad: Los hechos denunciados ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, países que poseen sus propios sistemas judiciales competentes. 2- Residencia: Las denunciantes son extranjeras y no residen en territorio español. 3- El estatus de Iglesias: El fiscal remarcó que el cantante “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida o actividad”, a pesar de poseer activos inmobiliarios en la península.
El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, había solicitado formalmente el archivo alegando la misma falta de competencia técnica. Por su parte, el propio Julio Iglesias rompió el silencio a través de sus redes sociales días antes del fallo.
Para defender su inocencia, el artista publicó capturas de mensajes de WhatsApp intercambiados con las denunciantes. Según Iglesias, dichas comunicaciones —enviadas tanto durante como después de la relación laboral— demuestran que las acusaciones “carecen de veracidad” y que mantenían un trato cordial.
El origen del escándalo
Aunque la Fiscalía ya investigaba el caso bajo reserva desde el 5 de enero, el escándalo tomó estado público el pasado 12 de enero tras una investigación periodística conjunta entre elDiario.es y la cadena estadounidense Univision.
Con este cierre en España, la única vía que les restaría a las denunciantes sería iniciar acciones legales en los países donde presuntamente ocurrieron los hechos, aunque por el momento no se han reportado movimientos en esas jurisdicciones.
