Las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reavivaron el debate sobre la edad de imputabilidad en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil a discutir en las sesiones extraordinarias. La propuesta de bajar esta edad a 13 o 14 años no deja de generar tensiones en el Gobierno y entre los distintos sectores políticos.
Algunos referentes libertarios sugieren que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años podría facilitar consensos y acercar al oficialismo a los votos necesarios para sancionar una nueva ley, otros abogan por regresar a la redacción original que proponía los 13 años.
Esta última opción fue parte de un primer proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024, el cual, tras meses de discusión y en mayo de 2025, logró un dictamen de mayoría firmado por diversas fuerzas políticas, aunque la aprobación final nunca se concretó.
Con el recambio legislativo, la discusión deberá reiniciarse desde cero, lo que ha llevado a algunas facciones del Gobierno a plantear la posibilidad de “respetar” los acuerdos previos, mientras que otros consideran que los recientes crímenes resonantes podrían justificar un enfoque más audaz. La postura que adopten los aliados del Gobierno será crucial en este escenario.
Desde el bloque del PRO, se argumenta que establecer la edad mínima en 14 años es una cuestión de “prudencia científica”. Referentes del espacio aducen que no hay consenso en la comunidad médica ni psicológica sobre la capacidad de comprensión del comportamiento criminal en menores de 12 o 13 años, citando estudios de neurociencias que apoyan esta posición. Además, enfatizan que el Estado ya enfrenta desafíos significativos para albergar y tratar a los menores dentro del sistema.
Por otro lado, la UCR manifestó su preocupación ante el riesgo de que jugar demasiado fuerte por los 13 años pueda comprometer los votos que ya tienen asegurados para fijar la imputabilidad en 14. Los radicales insisten en que no deben desaprovechar los consensos logrados tras arduas negociaciones, advirtiendo sobre la composición de la Cámara y la necesidad de asegurar el quórum necesario para un debate efectivo en Diputados.
