En un contexto de alta sensibilidad por el costo de vida, el equipo económico del ministro Luis “Toto” Caputo quedó en medio de la polémica. Se trata de Felipe Núñez, asesor y Chief Financial Analyst de la cartera, quien mantuvo un duro cruce con usuarios de X (antes Twitter) al intentar defender los precios de la carne con una cifra que, según los consumidores, parece sacada de otro país o de otro año.
La controversia escaló cuando Núñez intentó refutar a un usuario que denunciaba aumentos de hasta el 500% en el asado, desatando una ola de críticas y desmentidas con tickets de compra en mano.
El asesor ministerial aseguró que el kilo de asado se consigue a $11.000 (aproximadamente US$ 7,50), calificando de “inventos” las quejas de los usuarios. Sin embargo, los datos relevados en carnicerías y supermercados cuentan una historia muy distinta.
“11 lucas sale el asado, 7,5 dólares… No se ve en ningún lado. No saben qué inventar estos kukardos”, escribió Núñez, utilizando un tono burlón que solo logró exacerbar el malestar social. Los usuarios no tardaron en confrontarlo. Con tickets le mostraron que pagan entre $20.000 y 26.000 el kilo de asado.
Más allá del cruce virtual, la realidad en los barrios muestra un escenario crítico. La distancia entre los “precios teóricos” del gobierno y los reales provocó un cambio drástico en la mesa de los argentinos.
Las carnicerías informan una caída estrepitosa en el volumen de ventas de cortes con hueso. Además, hay un cambio de hábitos ya que los consumidores abandonan el asado del domingo por cortes más económicos o sustitutos como el pollo y el cerdo.
Muchos comercios de cercanía aseguran estar “al borde del cierre” debido a la imposibilidad de trasladar la totalidad de los aumentos al mostrador sin perder a sus últimos clientes.
Para muchos analistas y usuarios, el comentario de Núñez no solo fue ofensivo, sino que demostró una desconexión peligrosa con la economía diaria. Mientras que en diciembre el asado rondaba los $20.000, el salto a $24.000 en enero de 2026 parece ser la norma en la mayoría de las provincias, dejando los “$11.000” del asesor como un recuerdo lejano o una oferta inexistente para el ciudadano común.
