En el sector ferroviario crece la polémica ante versiones que aseguran que representantes del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, ya se encuentran instalados en la sede porteña del Belgrano Cargas. Aunque la empresa estatal negó oficialmente esta información, el dato circula con fuerza entre empresarios y técnicos, quienes advierten que este desembarco anticipado en las oficinas de Palermo podría comprometer la transparencia del proceso licitatorio que el Gobierno nacional pretende adjudicar en las próximas semanas.
Las negociaciones entre el holding mexicano y la administración libertaria parecen haber avanzado hacia una etapa de definiciones estructurales. Según trascendió, el Grupo México ha planteado condiciones estrictas para hacerse cargo de la red de cargas más importante del país: rechazan rotundamente la inclusión de ramales de pasajeros en la concesión —por considerarlos deficitarios— y descartan un modelo de licitación fragmentado que separe la gestión de vías, talleres y material rodante. Para los inversores, solo un control integral del sistema permitiría la rentabilidad necesaria frente a la competencia del transporte automotor.
Uno de los puntos de mayor fricción es el sistema de Open Access (acceso abierto), defendido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Este modelo permitiría que distintos operadores utilicen la misma infraestructura mediante el pago de un canon, fomentando la competencia. Sin embargo, el grupo de Larrea sostiene que este esquema desalienta la inversión privada, citando experiencias internacionales donde la fragmentación del sistema derivó en una degradación de la red ferroviaria. Por el contrario, el sector agroexportador local presiona para que esta modalidad sea implementada.
El interés del Grupo México no se limitaría únicamente al Belgrano Cargas, sino que apuntaría a un control global del sistema, incluyendo la línea San Martín, vital para la salida de la producción minera y agrícola de la región de Cuyo. El holding asegura tener la capacidad financiera para afrontar inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares, siempre que se garantice la aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, deberán competir con un consorcio de grandes cerealeras locales y el interés de mineras internacionales que también buscan asegurar su logística estratégica.
