En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una declaración jurada ante la jueza Loretta Preska en Nueva York. El documento, firmado por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, responde a la presión de los demandantes (Burford Capital) por conocer el paradero de las reservas de oro del Banco Central (BCRA).
La estrategia de la defensa argentina fue estrictamente técnica y se basó en dos pilares. La falta de información, haciendo eje en que el Estado afirmó no poseer conocimiento específico sobre la ubicación física del oro de las reservas, limitándose a cumplir con la orden judicial sin entregar datos sensibles. Y en segundo lugar el blindaje legal, donde se reafirmó que las reservas del BCRA gozan de inmunidad soberana. Según la postura oficial, estos activos no pueden ser embargados ni ejecutados en EE.UU., Argentina ni ninguna otra jurisdicción, basándose en el derecho internacional y la separación entre el Estado y su autoridad monetaria.
El proceso de “Discovery” en la mira
El fondo Burford busca avanzar con el discovery (proceso de exhibición de pruebas y activos) para identificar bienes embargables y así cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
Desde el Gobierno argentino calificaron esta maniobra como, “improcedente y abusiva”; consideran que vulnera la Constitución Nacional. Si la jueza Preska rechaza suspender este proceso, Argentina ya anticipó que acudirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Para la defensa argentina, los pedidos del fondo Burford exceden el marco del litigio y buscan forzar un precedente peligroso sobre activos que están protegidos por normas internacionales de soberanía.
