En un clima de fuerte interna sindical y en plena antesala del debate por la reforma laboral en el Senado, el Sindicato de Camioneros lanzó un paro por tiempo indefinido en la megaplanta de Coca-Cola ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La medida, impulsada por el sector que conduce Pablo Moyano, buscó paralizar una de las instalaciones industriales más grandes del país, aunque horas más tarde el Gobierno intervino y dictó la conciliación obligatoria, dejando en suspenso el conflicto.
La decisión fue adoptada tras una asamblea que reunió a unos 1.500 trabajadores dentro de la planta Mega de la multinacional. El encuentro contó con la presencia del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y del secretario gremial Marcelo Aparicio. Allí, los empleados reclamaron la efectivización de personal contratado, mejoras en el régimen de presentismo y la incorporación de más trabajadores para el turno nocturno.
Durante la asamblea, Moyano ratificó la postura del gremio y anunció la huelga: “Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, expresó ante los trabajadores, quienes respaldaron de manera unánime la medida y exigieron mejores condiciones laborales y salariales.
Sin embargo, pocas horas después, la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, lo que obligó a las partes a retrotraer la situación y abrir una instancia de negociación, al menos de manera transitoria.
El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensión dentro de la CGT, atravesada por profundas diferencias sobre cómo enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Mientras la central obrera resolvió limitar su respuesta a una movilización frente al Congreso y descartó, por ahora, un paro general para preservar el diálogo con el Ejecutivo, sectores clave del transporte comenzaron a anunciar paros sectoriales, marcando una postura más confrontativa.
De hecho, el ala dura del sindicalismo del transporte confirmó un paro de 12 horas para el próximo miércoles, jornada clave en la que el Senado tratará el proyecto. Dentro de la CGT, dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez apuestan a negociar modificaciones técnicas al texto con gobernadores y legisladores, mientras otros sectores promueven planes de lucha autónomos y acciones directas.
Entre las principales preocupaciones sindicales figuran los cambios al derecho de huelga, la obligación de garantizar niveles mínimos de prestación en servicios esenciales y las restricciones a la realización de asambleas, puntos que, según advierten, limitarían la capacidad de protesta de los gremios.
En este escenario, Pablo Moyano volvió a endurecer su discurso y llamó a una movilización masiva para el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento parlamentario de la reforma. “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, sostuvo, en un intento de ampliar el conflicto sectorial a una disputa sindical de alcance nacional.
