En un fallo sin precedentes que sacude los cimientos de la Justicia Federal, el Tribunal de Mendoza condenó al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión. Se trata de la pena más alta aplicada en la provincia para delitos de corrupción, con el agravante de que el esquema criminal operaba desde el despacho de un magistrado con competencia electoral y penal estratégica.
La “Pyme” de la impunidad
La investigación, que culminó tras un juicio de casi 1.000 días, probó que Bento lideraba una organización dedicada a cobrar coimas a cambio de beneficios procesales. El mecanismo era preciso: El nexo: Punteros —encabezados por el asesinado Diego Aliaga— contactaban a delincuentes (contrabandistas y narcotraficantes). La oferta: Si no pagaban, “habría problemas”; si pagaban, obtenían libertades o falta de mérito. El botín: Se probaron retornos por más de 1,7 millones de dólares, aunque se sospecha que la cifra real es significativamente mayor.
La condena no solo alcanzó al exmagistrado, sino que desmoronó el clan familiar que participaba del lavado de dinero: Marta Boiza (esposa), condenada a 6 años. Por ahora no irá a prisión por el cuidado de un hijo con discapacidad y falta de firmeza en el fallo, Nahuel Bento (hijo), recibió 5 años de cárcel, decomiso, la Justicia ordenó el remate de bienes de lujo adquiridos con plata de la corrupción, excepto su vivienda familiar en el exclusivo barrio Palmares.
La causa se aceleró tras el asesinato de Diego Aliaga, socio y amigo de Bento. Aliaga, que manejaba la camioneta del juez y actuaba como informante policial, fue el eje que conectó los “sótanos del poder” con el despacho del magistrado. Su muerte reveló un entramado viscoso donde se mezclaban funcionarios de Aduana (AFIP), policías y delincuentes de guante blanco.
Pese a la dureza del fallo, la defensa de Bento apuesta a la apelación. El exjuez, que cumple prisión en la cárcel federal de Cacheuta, llevará su reclamo a la Cámara de Casación en Buenos Aires. El proceso de imposición de penas fue impulsado bajo el nuevo Código Procesal que implementó el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien —paradójicamente— fue el primer abogado defensor de Bento en esta megacausa.
