El Congreso Nacional comenzará a encender motores esta semana para tratar dos de las iniciativas más importantes de la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. El primer paso será la constitución de las comisiones que deberán debatir ambos proyectos durante el período de sesiones extraordinarias.
Según lo previsto, este martes se pondrán en marcha las comisiones encargadas de analizar el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil. En el caso de la reforma laboral, cuyo tratamiento había quedado postergado el año pasado, el debate se iniciará en el Senado de la Nación y está programado para comenzar formalmente el 11 de febrero.
La Libertad Avanza encara esta etapa en un escenario de negociaciones y búsqueda de consensos con los bloques considerados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. En ese marco, continúan pesando las gestiones políticas que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo en los últimos meses con distintos gobernadores.
El proyecto de modernización laboral propone una revisión integral del marco normativo vigente. Entre sus ejes principales se destacan los cambios en el sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales para incentivar la contratación formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.
Además, la iniciativa introduce un “Banco de Horas” como nuevo esquema de flexibilidad horaria, que permitiría compensar excesos de jornada en días posteriores en lugar de abonar horas extras.
Desde el sector sindical, la respuesta fue de fuerte rechazo. Las centrales obreras sostienen que el proyecto no generará empleo y advierten que implica una pérdida de derechos adquiridos. En paralelo, convocaron a movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes, en rechazo al avance de la iniciativa.
Por otra parte, el proyecto de Ley Penal Juvenil busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años y establecer un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas. La propuesta excluye la posibilidad de reclusión perpetua y fija un tope máximo de 20 años de condena para menores.
No obstante, el texto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de los adultos, con condenas que podrían superar los 15 años, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, el proyecto prioriza un abordaje social y educativo, con opciones como la libertad asistida o la realización de tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva.
