La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) fijó posición institucional frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, advirtiendo que los cambios implican una “regresión significativa” en los niveles de protección alcanzados y debilitan la gestión territorial necesaria para prevenir incendios forestales.
La entidad –que nuclea a colegios y consejos profesionales de todo el país– sostuvo que la Ingeniería Forestal posee una responsabilidad indelegable en la planificación y el manejo sostenible de los bosques, y alertó que las reformas planteadas reducen los mecanismos de control estatal, desjerarquizan el rol profesional y generan incentivos al cambio definitivo de uso del suelo.
Entre los puntos más críticos, la FAIF señaló la flexibilización de autorizaciones para desmontes, la habilitación de intervenciones en áreas de Categoría II, el debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y el vaciamiento del registro de infractores ambientales. “Estas medidas desnaturalizan el espíritu de la ley y comprometen la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento”, expresa el documento.
Advierten por el deterioro
La Federación, integrada por profesionales santiagueños remarcó que los bosques nativos son sistemas estratégicos para las economías regionales, la regulación hídrica, la conservación de suelos y la mitigación del cambio climático. Su deterioro –advierte– incrementa la vulnerabilidad de los territorios frente a sequías e incendios, y afecta la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.
Respecto de los incendios forestales, la FAIF subrayó que su creciente severidad está directamente vinculada a deficiencias en el ordenamiento territorial. “La Ley 26.331 es una herramienta central de prevención. Flexibilizarla debilita el rol preventivo del Estado y aumenta el riesgo para las comunidades”, indicaron.
Como lineamientos, la organización propuso fortalecer el Manejo Forestal Sostenible, reforzar los sistemas de fiscalización, garantizar la participación de las autoridades locales, jerarquizar a los profesionales forestales y consolidar una política de Estado basada en la ciencia.
“La flexibilización normativa no es desarrollo, sino una amenaza al patrimonio ambiental y social de la Argentina. Los bosques deben gestionarse en pie, con criterios técnicos y visión de largo plazo”, concluye la declaración.
