Demian Reidel, recientemente presidente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y estrecho colaborador del presidente Javier Milei, dejó su cargo en medio de una trama de corrupción que incluye sobreprecios del 1000% y desvío de fondos públicos.
Aunque asumió en abril de 2025 con la misión de sanear el organismo y avanzar en su privatización parcial, los reportes internos indican que su gestión se caracterizó por la presunta comisión de irregularidades, exigencia de coimas y negocios arbitrarios.
Su salida se suma a las recientes suspensiones y renuncias de otros altos directivos de la compañía, como el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso.
Uno de los escándalos centrales que precipitó su caída involucra la licitación de servicios de limpieza en Atucha, donde se denunció un proceso “gravemente viciado” con un sobreprecio del 140%. La gestión de Reidel habría direccionado el contrato tras descartar a la mayoría de los oferentes mediante la imposición de “barreras de ingreso”, elevando el costo de la operación de $4.475 millones a más de $10.700 millones.
A pesar de las advertencias internas sobre la falta de transparencia y la “intromisión” de empresas favorecidas, las autoridades de Nucleoeléctrica presionaron para justificar y sellar la adjudicación.
Asimismo, se detectó una contratación directa de servidores externos para el resguardo de bases de datos con un sobreprecio extraordinario del 1066%. Nucleoeléctrica habría intentado desembolsar US$7.000.000 por un sistema de software que ya estaba garantizado por un contrato vigente de apenas US$600.000, una operación calificada como “innecesaria” por fuentes cercanas a la empresa. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció formalmente este hecho, sugiriendo que estos fondos millonarios podrían estar vinculados al cobro de retornos ilegales.
Pagó una deuda de más de 800 millones de pesos
La situación patrimonial de Reidel también quedó bajo sospecha tras revelarse que canceló repentinamente una deuda de $825 millones que lo situaba en riesgo de insolvencia ante el Banco Central.
El funcionario intentó justificar el origen de los fondos alegando la venta de un desarrollo inmobiliario por US$770.000; sin embargo, las pruebas documentales que presentó consistieron en archivos borroneados y pagos fraccionados que no permitieron validar la transparencia de la operación.
Estos movimientos alimentaron las sospechas internas sobre un posible desvío de fondos públicos de Nucleoeléctrica para cubrir sus pasivos personales.
Según trascendió, la orden de desplazarlo habría sido impulsada por Karina Milei ante el avance de las denuncias de corrupción en la empresa estatal. Con este desenlace, Reidel se convierte en otro funcionario del entorno presidencial eyectado del Gobierno tras protagonizar escándalos por manejos discrecionales y millonarios sobreprecios en el sector energético.
